- Detalles
- Escrito por Ángel Castillo Torres
Ciberacoso// Extorsión en línea// Uso de imágenes de contenido sexual sin consentimiento//Daños a la dignidad y estabilidad emocional de las personas.
A Esmeralda, joven universitaria de 21 años, le robaron su celular en un centro comercial. El ladrón, al revisar el contenido de las imágenes guardadas en la memoria del aparato, encontró fotografías eróticas y un vídeo de actividad sexual de la estudiante.
El rufián olfateo la oportunidad de sacar provecho de este comprometedor material. Su mente criminal decidió ganar dinero extorsionando a Esmeralda.
Le mando mensajes privados por Facebook para pedirle dinero a cambio de no publicarlas. Ella, en principio, se negó a ser chantajeada. El psicópata insistió en sus demandas subiendo el volumen de sus amenazas. La universitaria no dio su brazo a torcer.
Entonces el extorsionador decide ponerlas en línea y etiquetar a su víctima. El efecto sobre la vida de Esmeralda fue devastador. Los usuarios de las redes sociales empezaron a insultarla y a condenarla: “Te lo buscaste” “Eso te sacas por ser de cascos ligeros”, fue lo más amable que le dijeron.
Ella, desesperada, denunció ante las autoridades y solicitó a las plataformas digitales que retiraran y bloquearán el material erótico y sexual. Pero la respuesta fue muy lenta y mientras tanto su caso se hizo viral.
Otro caso.
Raquel confiesa llena de culpa y vergüenza su terrible historia: “Reconozco que fui yo quien permitió que me tomara algunas fotografías cuando estábamos desnudos. Incluso tuvimos videollamadas eróticas que él grabó, pero yo no sabía que lo hacía. El me atraía y se ganó mi confianza. Éramos novios y todo parecía ir sobre ruedas hacia el matrimonio. Yo estaba muy enamorada. Pero luego todo empezó a cambiar. Él me mostró las fotos y grabaciones y empezó a pedirme favores económicos. Como yo ganaba bien acepte y le entregué algunas cantidades de dinero. Pero luego sus exigencias aumentaron considerablemente. No siempre podía darle lo que me pedía así que empezó a amenazarme con publicar todo el material en las redes sociales. ¡Ha sido un infierno!, estoy atrapada en un callejón sin salida, no sé qué hacer. Todo el amor que sentía por él se ha convertido en resentimiento y miedo, ¡mucho miedo!
Magdalena era amenazada de muerte por su esposo.
La violencia llegó cuando ella le pidió el divorcio.
Su matrimonio no funcionó. La violencia, la obsesión por dominarla y los celos enfermizos lo destruyeron todo. Él quería siempre controlarla. La vigilaba. Cuando salían de compras ella tenía que caminar a no más de dos metros de distancia de él. La obligaba a entregar todos los recibos de las compras que hacía. No le permitía tener amigas. Le exigía la contraseña de su celular. Revisaba los mensajes que le enviaban sus amigos por Facebook. Con perfiles falsos, la insultaba y amenazaba.
Magdalena ya no pudo más y decidió abandonarlo. La reacción de su marido fue violenta. La amenazó de muerte. Le ordenó volver al hogar.
Ella al principio se refugió en casa de sus padres. Pero luego tuvo que salir de su municipio de origen y esconderse en otro estado de la república por temor a perder la vida a manos de su marido.
El caso de Olimpia Coral Melo, se convirtió en bandera de lucha para castigar penalmente la violencia digital.
Cuando tenía 18 años Olimpia fue víctima de la más indigna violencia de género de parte de quien fuera su novio.
Era el año 2013 cuando en su natal Huachinango, Puebla, se difundió un vídeo íntimo de contenido sexual sin su consentimiento. El morbo que desató este material provocó que se compartiera miles de veces primero en su lugar de origen y luego a nivel nacional.
Ella se encerró en su casa a piedra y lodo para escapar de las burlas y el linchamiento mediático.
Pasaron muchos meses antes de que Olimpia pudiera comprender que no era culpable de lo que había pasado. Ella, como miles de mujeres en México, había sido víctima de una agresión digital.
Pero entonces de armó de valor y con toda dignidad comenzó a fundar un movimiento político para exigir que las agresiones hechas a mujeres a través de medios digitales o telemáticos se tipificara como delito.
Surge el Frente Nacional por la Sororidad, movimiento mayoritariamente encabezado por mujeres que se dio a la tarea de promover la llamada Ley Olimpia.
Para estas activistas defensoras de los derechos humanos la violencia de género digital es toda aquella agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías de la comunicación como el correo electrónico, los sistemas de mensajería WhatsApp o las redes sociales, contra su pareja o ex pareja de forma sostenida y repetida en el tiempo, con la única finalidad de discriminar, dominar, extorsionar o entrometerse, sin consentimiento, en la vida privada de la víctima.
La Ley Olimpia ya ha sido aprobada en 15 estados de la república y en San Luis Potosí está por ponerse a consideración de los diputados locales. Es todo un misterio saber en este momento si se aprobará o no ésta iniciativa.
La próxima semana ampliaremos el análisis de este tema.
- Detalles
- Escrito por Ángel Castillo Torres
- Se gana una batalla contra la impunidad y el olvido.
Ángel Castillo Torres.Renace la esperanza para la familia de Karla Pontigo Lucciotto, aquella desdichada estudiante que murió en condiciones dudosas en el antro “Play” un 28 de octubre de 2012.
Luego de 7 años de caminar por los viciados laberintos de las instituciones que deberían procurar e impartir justicia, los familiares y organizaciones de la sociedad civil que presionaron para que éste caso se revisara con protocolos de feminicidio y no como un simple accidente han ganado una batalla contra la impunidad y el olvido. Su victoria es un triunfo de la dignidad y un ejemplo de firmeza y amor, sobre todo de la madre de Karla, la señora Esperanza Lucciotto, quien con su dolor a cuestas nunca dejo de exigir justicia y exhibir los engaños de las autoridades locales.
Afortunadamente el pasado miércoles 13 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que se reabra el caso ya que hay fundadas dudas de que en esta tragedia se torció la ley.
Ahora empieza a hacerse evidente una red de complicidades y negligencias que hicieron posible esta infamia en tiempos del gobernador Fernando Toranzo. Las mayores sospechas recaen sobre la Procuraduría de Justicia del estado, en ese entonces a cargo de Miguel Ángel García Covarrubias. Está autoridad resolvió en su momento que todo había sido un accidente; que Karla chocó contra una puerta de cristal y se ocasionó "accidentalmente" las lecciones que provocaron su muerte.
Ante este superficial diagnóstico, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) se inconformaron y pudieron comprobar que en la necropsia practicada a la joven el día de los hechos, existían al menos 11 tipos de lesiones exteriores, entre ellas lesiones en genitales, un ojo, labios y cráneo, así como diversas lesiones punzocortantes. Así que la versión oficial de la Procuraduría resultaba inaceptable y absurda. Por esta razón los familiares de Karla apoyados en organizaciones de la sociedad civil acudieron a instituciones como Amnistía Internacional para denunciar el atropello. Pidieron adicionalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara el caso. Con sensibilidad y compromiso con las víctimas la Corte atendió el reclamo y hace unos días dictaminó que hay materia para volver a reabrir el expediente de Karla.
La sentencia de la Corte ordena que se vuelvan a iniciar las investigaciones desde cero y que se realicen con un una perspectiva de género. Al mismo tiempo el máximo Tribunal abre la posibilidad de que se finquen responsabilidades administrativas y penales a aquellas autoridades que por acción u omisión participaron en la fraudulenta investigación del 2012. Son varios los exfuncionarios del gobierno torancista que a partir de ahora perderán el sueño. Al reabrirse el caso irán surgiendo nombres y detalles de esta tenebrosa trama.
Por otro lado hay alegría y esperanza en familiares y amigos de la familia Pontigo Lucciotto. Esperan que esta vez las cosas se hagan bien, sin complicidades, ni sesgos. El caso ha alcanzado gran resonancia por lo que a partir de ahora será muy vigilado por los medios de comunicación y la sociedad. Se espera verdad y justicia.
Al respecto el Fiscal General del estado, Federico Garza, ha manifestado que en cuanto sea notificado acatará en todo sus términos el veredicto de la Corte. Ha anunciado también que incluso se nombrará a un fiscal especial para que atienda este controvertido asunto.
A dos años de su fundación, la nueva Fiscalía del estado tiene en sus manos la invaluable oportunidad de demostrar que vivimos en un Estado Democrático de Derecho y que los familiares de Karla Pontigo, luego del calvario que han vivido y que las ha re victimizado durante 7 años, finalmente podrán recibir justicia.
- Detalles
- Escrito por Luis Fernando Nieto
- A nivel nacional hay 1100 puntos con restos de 26 mil cuerpos.
- Hay al menos en México 40 mil personas en esa condición.
Cuando un ser querido desaparece sin dejar rastro provoca un profundo sufrimiento. Es una experiencia dolorosa, traumática.
No saber qué ocurrió es vivir permanentemente angustiado por la incertidumbre.
La desaparición forzada de personas es un fenómeno que se ha convertido en uno de los crímenes más crueles que puede experimentar un ser humano. Y en nuestro país este fenómeno alcanza ya cifras alarmantes.
Según el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hay por lo menos 40 mil personas que tienen la calidad de desaparecidas en México.
Pero además y para hacer más espantosa la tragedia se han encontrado mil 100 fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar en diferentes estados del país provocando la sospecha de que muchos de estos muertos son migrantes que venían de Centro América ambicionando llegar a los Estados Unidos.
Lamentablemente en San Luis Potosí se han descubierto 26 de estas fosas clandestinas principalmente en los municipios de Moctezuma, Ciudad Valles, Matehuala Tampamolón, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tamazunchale, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Salinas, Rioverde y la ciudad capital.
La mayor parte de las personas desaparecidas o no localizadas son jóvenes.
La explicación que los funcionarios dan acerca de este fenómeno es que los jóvenes son el segmento de la población más vulnerable por su estilo de vida que los expone a sufrir un “levantón” o un secuestro.
Pero también hay casos en los que se ha comprobado que la guerra entre bandas del crimen organizado explica secuestros y levantones.
Los criminales utilizan la violencia para imponer su ley y mantener el controlar de su territorio. Actúan en forma desalmada para arrebatar espacios a sus contrincantes y para consumar venganzas. El “ajuste de cuentas” entre cárteles incluye la desaparición forzada.
También ocurre que ciudadanos que son extorsionados dejan de pagar la cuota que se les ha impuesto (derecho de piso) y entonces, como represalia son secuestrados para exigir rescate a sus familias.
Ante estos casos la respuesta de las autoridades es muy débil. Esto provoca un sentimiento de impotencia, frustración y rabia en las víctimas. Son los propios familiares los que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil emprenden la búsqueda de los desaparecidos.
A propósito de este fenómeno el Comisionado de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, ha declarado a los medios de comunicación que este año hay el reporte de 400 personas desaparecidas en la entidad.
Entre los desaparecidos se cuentan a migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Esto explica la presencia el pasado 23 de noviembre en la ciudad capital de una caravana de madres de origen centroamericano que buscan desesperadamente a sus hijos desaparecidos en territorio nacional.
Para ellas no hay palabras que puedan expresar el dolor que sienten por la desaparición de sus hijos.
Piensan que las fronteras de México y Estados Unidos se han convertido en una gran fosa común.
Estamos, desdichadamente, frente a una tragedia humanitaria.
- Detalles
- Escrito por Ángel Castillo Torres
“El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son”.
- Pepe Mujica, ex Presidente de Uruguay.
Gabino Morales Mendoza, el súper delegado, está viviendo días difíciles. Su futuro político es incierto. Pesan sobre él graves acusaciones que de comprobarse lo echarían vergonzosamente del cargo que hoy ostenta.
El que es considerado el consentido de Andrés Manuel López Obrador está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública acusado de utilizar con fines electorales los programas federales que maneja.
La joven promesa de la Cuarta Transformación (4T) no obedeció las órdenes del presidente de la república en el sentido de no utilizar los Programas para el Bienestar con fines políticos.
Le ganó la tentación y está siendo acusando de haber favorecido a uno de los grupos que participaron en la elección estatal de consejeros que votarían para elegir a los dirigentes estatales y nacionales de Morena.
Pero para su desgracia todos sus esfuerzos se fueron a la basura ya que el pasado 30 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votó por unanimidad anular la elección de dirigentes en Morena.
Gabino no ha cumplido a cabalidad su función de súperdelegado.
Los Programas para el Bienestar funcionan mal en el estado y sus beneficios caen a cuenta gotas causando malestar y frustración en miles de potosinos que los necesitan.
El polémico comisionado del gobierno federal no acude a sus oficinas, se esconde y no da la cara a los problemas. Ni por enterado se da de las quejas y desatenciones que soportan quienes por necesidad acuden en busca de ayuda.
Personas discapacitadas, de la tercera edad; jóvenes que quieren construir su futuro y los estudiantes que exigen las becas “Benito Juárez” sufren un calvario porque los apoyos no llegan.
A lo que sí le da prioridad es a la grilla que acontece al interior de Morena.
En el frustrado proceso de elección de dirigentes nacionales el joven funcionario indebidamente tomó partido en favor de una de las candidatas, Bertha Luján Uranga en complicidad con Gabriel García Hernández, actual coordinador nacional de Delegados Federales.
García Hernández es uno de los funcionarios más cercanos a AMLO, ha trabajado con el presidente por más de 15 años.
Desde el nacimiento de Morena, haya por el año 2015, su trabajo fue fundamental para construir las estructuras electorales del hoy partido gobernante. Fue Secretario de Organización del comité nacional de Morena.
Desde ese cargo fortaleció su relación política con Gabino, quién fue el principal promotor del Movimiento de Regeneración Nacional en San Luis Potosí cuando ese partido apenas iniciaba sus andanzas en la política local.
El activismo de Gabino y de Gabriel García hizo sospechar la existencia de una candidata “oficial” y de una elección de Estado. Parecía evidente que había “línea” para favorecer a Bertha Luján.
Sólo que está maquinación antidemocrática se fue al drenaje ahora que el Tribunal Electoral decidió anular la elección porque desde un principio fue un cochinero. Acarreo, robo de urnas, padrón de votantes rasurado y hasta balazos caracterizaron el fallido intento de renovación de dirigentes.
La manipulación de la elección interna en San Luis Potosí, promovida por estos personajes estaba poniendo en entredicho la congruencia política del presidente de la república porque daba la impresión de que Morena se estaba convirtiendo en un partido de Estado.
Por eso el presidente de la república se vio obligado a pintar su raya en este sucio proceso electivo: “No somos el PRI para repetir lo que durante décadas nos hicieron a nosotros, fraudes con el aparato y los recursos del Estado. Hacer proselitismo político con el dinero público ya es delito y se va a despedir y a aplicar la ley a aquellos que lo hagan”.
Esto explica por qué la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval al comparecer ante senadores de la Comisión Anticorrupción dio a conocer que 10 superdelegados en distintos estados de la república están siendo investigados por un supuesto manejo irregular de los programas sociales en el proceso interno de Morena. Entre estos funcionarios está Gabino Morales Mendoza.
Y parece que la investigación va en serio. El propio presidente de la república no dejó dudas cuando el pasado 25 de octubre durante su habitual conferencia mañanera afirmó: “Yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie”.
De comprobarse las acusaciones contra Gabino Morales es probable que sea separado del cargo y mandado una temporada en la banca en espera de mejores tiempos.
- Detalles
- Escrito por Luis Fernando Nieto
Era la madrugada del 28 de octubre de 2012 cuando la madre de Karla Pontigo, la señora Esperanza Luccioto, fue informada de que su hija se hallaba mal herida en el antro “Play”.
De manera inmediata ella y su hijo Fernando Zahid se trasladaron al lugar de la tragedia.
Al llegar al establecimiento la encontraron en medio de un charco de sangre. De inmediato la llevó a un hospital pero lamentablemente unas horas después falleció.
A partir de ahí comenzó el calvario de la familia producto de la indolencia de las autoridades responsables de investigar el caso.
En 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que la muerte de Karla Pontigo fue accidental al chocar contra un cristal y a lo más que se atrevió fue a inculpar al dueño del lugar, Jorge Vasilakos Reyes por homicidio culposo. Luego de esto se le dio carpetazo al asunto.
Sin embargo los familiares de Karla siempre alegaron que se trató de un feminicidio y que las autoridades violaban sus derechos como víctimas.
Durante siete largos años caminaron con su dolor a cuestas para exigir justicia. Denunciaron el caso ante AMNISTIA INTERNACIONAL. También acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revisara de nuevo el caso y se diera un indudable veredicto. Afortunadamente el Alto Tribunal de justicia resolvió por unanimidad el pasado 13 de octubre que se reabriera el expediente ya que encontraron razonadas dudas de que en esta tragedia se hizo un fraude a la ley.
Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado reponer el proceso han salido a la superficie muchas irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno del entonces mandatario Fernando Toranzo Fernández. Policías ministeriales, fiscales, el ministerio público y diversos peritos no hicieron bien su trabajo. Llegaron 38 horas después al lugar de los hechos. No se resguardó a tiempo la escena del crimen. Durante esta demora cabe la posibilidad de que se haya limpiado el lugar para borrar cualquier indicio que pudiera revelar lo que realmente pasó. La escena del crimen pudo ser alterada. Adicionalmente no se obtuvo en ese momento el testimonio de los testigos y presuntos implicados en los actos cometidos contra Karla Pontigo Lucciotto.
Hay dos personajes de la vida pública que tienen mucho que aportar para conocer la VERDAD. Ellos son el diputado local Cándido Ochoa Rojas, a la sazón Secretario de gobierno, y el ex procurador Miguel Ángel García Covarrubias.
La muerte de Karla Pontigo Lucciotto deberá ser investigada con protocolos de feminicidio, así lo ordena la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una vez que la Fiscalía General del estado (FGE) sea oficialmente notificada se nombrará a un Fiscal Especial para que atienda el caso. La FGE deberá efectuar y garantizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con una perspectiva de género para aclarar la muerte de esta jovencita. Además y como lo ordena la Corte, “en el desarrollo de la investigación el ministerio público deberá informar a los quejosos sobre los avances de la misma, así como permitir su intervención para que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, se les permita ofrecer pruebas y estar presentes en el desahogo de las diligencias necesarias. Asimismo, deberá informar sus determinaciones a las víctimas para asegurar que estén en aptitud de hacer valer sus derechos contra ellas oportunamente”.
El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López ha hecho el compromiso de colaborar en todo lo necesario con la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de resolver este terrible asunto.
Las víctimas de esta muerte con apariencia de feminicidio esperan que al final de las investigaciones se castigue a quienes cometieron fraude a la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia votada por unanimidad así lo ordena: “Se deberán iniciar los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso, penalmente a las autoridades intervinientes por su actividad irregular”.
La sociedad y los familiares de Karla esperan VERDAD y JUSTICIA.
- Detalles
- Escrito por QFB. Fabiola García Álvarez
Como una forma de coadyuvar acciones en educación ambiental es indispensable y conveniente implementar temáticas en recursos naturales, como es el fomentar acciones desde la educación en los últimos días se ha visto la cultura del hecho de sembrar un árbol todos los beneficios que aporta hacia nuestro entorno y nuestra salud
Así como también sería importante fomentar la cultura sustentable de una educación ambiental en las escuelas derivando a que esto llevaría al objetivo de hacer huertos orgánicos donde se estaría utilizando un recurso pedagógico con la única intención de generar conciencia ambiental promover la educación económica a través de la agricultura y así poner en practica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental.
Se hace un exhorto a implementar acciones desde las escuelas para ponerlas en práctica en nuestros hogares, esto lo expresa la QFB. Fabiola García Álvarez perito en impacto ambiental.
