Era la madrugada del 28 de octubre de 2012 cuando la madre de Karla Pontigo, la señora Esperanza Luccioto, fue informada de que su hija se hallaba mal herida en el antro “Play”.
De manera inmediata ella y su hijo Fernando Zahid se trasladaron al lugar de la tragedia.
Al llegar al establecimiento la encontraron en medio de un charco de sangre. De inmediato la llevó a un hospital pero lamentablemente unas horas después falleció.
A partir de ahí comenzó el calvario de la familia producto de la indolencia de las autoridades responsables de investigar el caso.
En 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que la muerte de Karla Pontigo fue accidental al chocar contra un cristal y a lo más que se atrevió fue a inculpar al dueño del lugar, Jorge Vasilakos Reyes por homicidio culposo. Luego de esto se le dio carpetazo al asunto.
Sin embargo los familiares de Karla siempre alegaron que se trató de un feminicidio y que las autoridades violaban sus derechos como víctimas.
Durante siete largos años caminaron con su dolor a cuestas para exigir justicia. Denunciaron el caso ante AMNISTIA INTERNACIONAL. También acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revisara de nuevo el caso y se diera un indudable veredicto. Afortunadamente el Alto Tribunal de justicia resolvió por unanimidad el pasado 13 de octubre que se reabriera el expediente ya que encontraron razonadas dudas de que en esta tragedia se hizo un fraude a la ley.
Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado reponer el proceso han salido a la superficie muchas irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno del entonces mandatario Fernando Toranzo Fernández. Policías ministeriales, fiscales, el ministerio público y diversos peritos no hicieron bien su trabajo. Llegaron 38 horas después al lugar de los hechos. No se resguardó a tiempo la escena del crimen. Durante esta demora cabe la posibilidad de que se haya limpiado el lugar para borrar cualquier indicio que pudiera revelar lo que realmente pasó. La escena del crimen pudo ser alterada. Adicionalmente no se obtuvo en ese momento el testimonio de los testigos y presuntos implicados en los actos cometidos contra Karla Pontigo Lucciotto.
Hay dos personajes de la vida pública que tienen mucho que aportar para conocer la VERDAD. Ellos son el diputado local Cándido Ochoa Rojas, a la sazón Secretario de gobierno, y el ex procurador Miguel Ángel García Covarrubias.
La muerte de Karla Pontigo Lucciotto deberá ser investigada con protocolos de feminicidio, así lo ordena la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una vez que la Fiscalía General del estado (FGE) sea oficialmente notificada se nombrará a un Fiscal Especial para que atienda el caso. La FGE deberá efectuar y garantizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con una perspectiva de género para aclarar la muerte de esta jovencita. Además y como lo ordena la Corte, “en el desarrollo de la investigación el ministerio público deberá informar a los quejosos sobre los avances de la misma, así como permitir su intervención para que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, se les permita ofrecer pruebas y estar presentes en el desahogo de las diligencias necesarias. Asimismo, deberá informar sus determinaciones a las víctimas para asegurar que estén en aptitud de hacer valer sus derechos contra ellas oportunamente”.
El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López ha hecho el compromiso de colaborar en todo lo necesario con la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de resolver este terrible asunto.
Las víctimas de esta muerte con apariencia de feminicidio esperan que al final de las investigaciones se castigue a quienes cometieron fraude a la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia votada por unanimidad así lo ordena: “Se deberán iniciar los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso, penalmente a las autoridades intervinientes por su actividad irregular”.
La sociedad y los familiares de Karla esperan VERDAD y JUSTICIA.
