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- Escrito por Luis Fernando Nieto
- La rapidez con que la autoridad actuó, sorprende.
En apenas cuatro días la Fiscalía General del estado atrapó a un presunto responsable del homicidio de Aurelio Gancedo, ex dirigente estatal del PRI.
La rapidez con que la autoridad ha dado resultados sorprende. No estamos acostumbrado a que la procuración de justicia sea tan rauda y veloz.
Es común que los expedientes de investigación se llenen de polvo y olvido provocando impunidad. Pero todo indica que en esta ocasión los astros se alinearon para favorecer el trabajo de la Fiscalía.
El azar y la providencia actuaron en favor de la autoridad. Perece de película pero así fue.
Esta es la historia.
Detenido por robo desde el pasado sábado, apenas tres días después del trágico suceso, un individuo de nombre Juan Carlos N. fue llevado a los separos de la Policía Ministerial y resulta que al tomarle sus huellas digitales se descubrió que coincidían con las que fueron halladas en el vehículo de Aurelio Gancedo.
Un verdadero golpe de suerte.
Cuentan que el Fiscal estaba recibiendo demasiadas presiones para resolver rápidamente este homicidio y sin esperarlo la diosa fortuna acudió en su auxilio.
Esta prueba, (las huellas), sumada a otras que se obtuvieron con investigaciones de campo, entrevistas, vídeos e interrogatorios hicieron posible que la Fiscalía tuviera un expediente macizo.
Con estas evidencias se solicitó de inmediato a un juez la orden de aprensión para vincular a proceso a Juan Carlos N., quien desde la noche de ayer lunes 27 de enero ya duerme en el Centro de Readaptación Social de La Pila.
El caso que estremeció a la sociedad potosina provocó indignación y condena generalizada. Surgieron de inmediato historias que intentaron encontrar explicaciones al dramático suceso.
Por el perfil de Aurelio Gancedo, un político profesional con una trayectoria destacada que lo llevó a ocupar cargos de importancia en la administración pública estatal y nacional –por ejemplo en la Procuraduría General de la República- una de las primeras especulaciones que irrumpieron en los mentideros políticos fue la que afirmaba que el móvil del asesinato hundía su raíz en esos pantanosos territorios.
Los adictos a buscar explicaciones forzadas utilizaron de inmediato la “Teoría del Complot” y empezaron a afirmar, sin ningún sustento, que la muerte del joven priista era una venganza política.
Otros comentaristas más apocalípticos le echaban la culpa al crimen organizado. Hubo también otros que asociaron el crimen a la compra de un equipo de espionaje (el famoso “Pegasus”) que presuntamente se utilizó para vigilar a periodistas y a enemigo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Lo cierto es que hasta este momento la hipótesis más sólida es la del “asesino solitario” que actuó motivado por razones oscuras y personales. Poco a poco y conforme avance el proceso jurídico nos habremos de enterar de los detalles.
En los próximos días, es casi seguro que la Fiscalía General del Estado logrará vincular a proceso a Juan Carlos N.
Hasta ahora, el fiscal Federico Garza ha sido sumamente cuidadoso y prudente para no violar el debido proceso y la presunción de inocencia del detenido. Es lo correcto.
Sabe que cualquier error o violación de derechos del presunto responsable puede ocasionar que se le caiga el caso, eventualidad que lo haría quedar en ridículo y que tendría altos costos para la institución que dirige.
Por otro lado, hay que decir que este drama se está analizando no solo en la Fiscalía General del Estado, lamentablemente también está interviniendo el tribunal de las redes sociales –nuestra moderna Inquisición-, ambos utilizando métodos y herramientas antagónicas.
Mientras en la Fiscalía se está atendiendo científica y jurídicamente utilizando métodos de investigación y cuidando los derechos humanos de los familiares de la víctima y del presunto asesino, en las redes sociales los prejuicios, el encono y la desinformación están emitiendo juicios lapidarios que están re victimizando a la familia del martirizado Aurelio Gancedo.
Solo esperamos que al final de un dilatado proceso jurídico que está por venir se llegue a la verdad y se haga justicia.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
Será a través de Asambleas de Consejeros Políticos// Momento peligroso para la unidad interna// Su desenlace será vital para las elecciones de 2021// El gobernador ya juega al ajedrez político.
La tarde del pasado 7 de enero se publicó la Convocatoria en la que se establecen las bases que regularan el proceso electivo para elegir a los dirigentes estatales del PRI para el periodo 2020-2024.
Son 6 mil doscientos priistas los que tendrán la responsabilidad de elegir con voto secreto y directo a quiénes tendrán en sus manos las riendas del tricolor durante los próximos cuatro años.
De inscribirse más de una fórmula las Asambleas de Consejeros Políticos estarían desarrollándose el próximo 8 de febrero. De lo contrario, si hubiera “Planilla Única” el proceso terminaría con una Asamblea de Ratificación en la que se tomaría protesta a los nuevos dirigentes.
La elección de directivos en el PRI abre casi siempre una temporada de luchas fratricidas que provocan división, encono y desprestigio.
El tricolor atraviesa por una etapa difícil luego de los amargos resultados que obtuvo en las elecciones de 2018, razón por la cual sería de fatales consecuencias que este proceso se desbarrancara.
En amplias franjas del priismo potosino hay conciencia de que para mantener y ganar nuevos espacios de poder hay que cuidar la unidad interna. Pasar del desaliento a la esperanza. Terminar con la etapa de duelo por el poder perdido e iniciar un ciclo de recuperación.
En el episodio que se abre con la renovación de dirigentes estatales el principal dilema es optar entre el cambio o la continuidad. Ha trascendido que Elías Pesina y Yolanda Josefina Cepeda buscaran un nuevo periodo como dirigentes. En los once meses que ocuparon de forma interina los cargos de presidente y secretaria general, respectivamente, hicieron un buen papel. Han sido incluyentes. Lograron acercar de nuevo a militantes que se habían distanciado, han sido conciliadores, prudentes y sin estridencias han cumplido a cabalidad con la encomienda que se les hizo.
A como están las circunstancias políticas -no muy favorables para el PRI- considero que la opción más estratégica, conveniente y pragmática la encarnan Elías Pesina y Yolanda Josefina Cepeda.
Los dos perfiles se complementan, se respetan entre ellos y han formado un buen equipo.
Son militantes que cuentan con el evidente respaldo político y afectivo del gobernador que sigue siendo reconocido por los priistas como primus inter pares (el primero entre iguales).
Entre dirigentes de sectores y organizaciones, cuadros directivos y la mayor parte de los que conforman la base militante del PRI se acepta que el gobernador Juan Manuel Carreras sea el factótum que tenga en sus manos la operación política de su propia sucesión y las principales decisiones de su partido el próximo año. Su opinión será muy influyente ante los dirigentes nacionales para seleccionar a los candidatos priistas a cargos de elección popular. También pesará, y mucho, su sentir al momento de definir las alianzas que el PRI realice con otras fuerzas políticas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil para contar con una estrategia ganadora en 2021. De ahí que la cercanía y entendimiento entre el gobernador, Elías y Yolanda Josefina sea una pieza clave en la maquinaria que Carreras utilizará para jugar en las elecciones de 2021.
Es predecible que se presenten algunas resistencias, presiones, críticas y sabotajes al control que evidentemente tiene el gobernador en el PRI. Hay Caballos de Troya que quisieran ver un colapso definitivo en el tricolor o colocar piezas de su grupo en la dirigencia estatal.
Por ello algunas corrientes de opinión y grupos de presión intentarán influir en el proceso de elección de dirigentes para posteriormente, en 2021, disputarle al gobernador el privilegio de tomar las decisiones más importantes en cuanto a candidatos, pero al final, creo que podría pactarse algún acuerdo para mantener la unidad del priismo potosino.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
Termina la semana teñida de sangre por el aterrador asesinato de Aurelio Gancedo. Miércoles y jueves fueron días amargos para los priistas.
Todo comenzó la noche del martes 21 de enero.
La repentina y enigmática desaparición del ex dirigente estatal del PRI, estimuló sombríos temores.
Aurelio no contestaba el teléfono y nadie sabía dar información de su paradero. Parecía que la tierra se lo hubiera tragado.
Por la tarde de aquel martes fatídico el joven político se había esfumado misteriosamente. No aparecía por ningún lado ni daba señales de vida.
Fueron momentos de angustia y temor.
Largas horas de incertidumbre en las que amigos y familiares de Gancedo emprendieron una desesperada búsqueda para encontrarlo, hasta que por la tarde del miércoles se conoció la terrible noticia: al joven político de 39 años de edad lo habían levantado y asesinado con saña inaudita.
Su cuerpo martirizado fue encontrado en la cajuela de su auto en dos bolsas negras de plástico.
El acontecimiento cimbró a la opinión pública. En especial a la clases política.
Sus amigos y compañeros de partido no lo podían creer. Una mezcla de sentimientos encontrados hizo erupción en lo más profundo de sus almas.
Desconcierto, dolor, impotencia, indignación e incredulidad se agolparon en el corazón de sus camaradas. ¿Cómo es que había ocurrido esta desgracia?, ¿Por qué?, ¿En qué mente criminal se había incubado esta perversidad?, ¿Quién dio la orden?, ¿Por qué lo quisieron silenciar?, ¿Qué mensaje querían enviar los asesinos?.
Preguntas sin respuesta.
La muerte de Aurelio Gancedo no solo agravia a su familia y a los priistas, golpea las certezas básicas de una sociedad que ya de por si se siente indefensa y amenazada.
El crimen no es un hecho aislado, se suma a los 916 homicidios que se cometieron en 2019 en el estado. Confirma asimismo la veracidad de los altos índices de inseguridad que se han documentado en la zona metropolitana de la capital.
La Fiscalía General del estado tiene ahora una papa caliente en sus manos.
Los priistas en voz de su dirigente interino Edmundo Torres Cano han pedido un rápido esclarecimiento del homicidio.
Hay mucha indignación por este artero crimen y por la forma en que fue sacrificado el líder priista.
Gancedo era muy querido en las filas de su partido y mucho más apreciado entre los jóvenes que se formaron en el Instituto Jesús Reyes Heroles, escuela de formación política de la que era director el fallecido dirigente.
Al Revolucionario Institucional le han asesinado a uno de sus dirigentes más jóvenes y destacados.
Por ello los priistas esperan que en los próximos días, la Fiscalía General del estado cuente con líneas de investigación sólidas que permitan conocer la verdad y dar con los responsables de este tenebroso asunto.
Pero mientras esto sucede debe reconocerse que los priistas dieron una muestra de solidaridad y unidad interna cuando el pasado jueves rindieron homenaje de cuerpo presente al martirizado Aurelio Gancedo en el edificio que ocupa el Comité Directivo Estatal del PRI.
Ahí y ante un auditorio lleno de militantes, amigos y familiares y contando con la presencia del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, la ex senadora Yolanda Eugenia González, profundamente afectada por la muerte de quien fuera uno de sus mejores alumnos, pronunció un discurso en el que exaltó las virtudes de Aurelio como militante, buen hijo y compañero de partido.
Con palabras impregnadas de dolor y verdad nos hizo recordar los momentos estelares que Aurelio vivió en el PRI desde que era un niño.
Como cuando en 1992 por encargo del entonces gobernador interino Gonzalo Martínez Corbalá, el entonces infante Aurelio Gancedo mantenía informado al mandatario estatal de los debates, conflictos, avances y retrocesos que se daban en el Congreso del estado.
Hoy Aurelio ya ha pasado a mejor vida, pero los que lo apreciamos no vamos a olvidar lo que le paso y esperamos que haya justicia para él.
Lo vamos a extrañar.
Nuestro reconocimiento y una oración por el eterno descanso de su alma.
¡Hasta siempre compañero!
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
- Tribunal Electoral lo halló culpable de usar programas para fines políticos.
El superdelegado del gobierno federal, Gabino Morales Mendoza, empieza el año con el pie izquierdo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo encontró culpable de violar diversos dispositivos de ley que prohíben utilizar los programas sociales del gobierno federal con fines de proselitismo y promoción personal.
El máximo Tribunal Electoral le dio la razón al PRD que fue quién acuso a Gabino. El veredicto es un duro golpe contra el Virrey de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.
Ahora que se ha comprobado la violación del artículo 134 de la Constitución por parte de Gabino y otros 14 superdelegados en diferentes estados de la república, la Contraloría Interna de la Secretaría del Bienestar debe proceder a sancionar a estos transgresores de la ley.
El castigo que se aplicará quedará a criterio del Órgano Interno de Control de esa Secretaría. Puede ser desde una amonestación pública o una inhabilitación temporal o permanente.
Si no hay complicidad de parte del órgano sancionador, el castigo deberá ser ejemplar para mandar un mensaje inequívoco de que no se tolerará que se manipulen con fines electorales los programas sociales, que benefician a cerca de 23 millones de mexicanos.
Hay que recordar que en este año habrá elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila. Y que en 2021 habrá comicios en 13 estados de la república donde se renovarán gubernaturas, Ayuntamientos, diputaciones locales y toda la cámara de diputados del Congreso de la Unión.
Por eso es oportuno frenar en seco a los tramposos. De lo contrario, si se les protege, se comprobará que estamos viviendo una renovada etapa de clientelismo electoral y elecciones de Estado.
Es justo y necesario reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con este ilegal comportamiento de los superdelegados.
En muchas ocasiones les ha mandado decir desde el púlpito de las conferencias mañaneras que no hagan proselitismo con los programas del gobierno en favor de un partido político porque si lo hacen perderán el trabajo porque es un delito grave.
La sentencia del Tribunal Electoral.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación razonaron en su sentencia que Gabino Morales y otros 14 Súper Delegados en complicidad con 21 subdelegados tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Concluyeron además que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Pero resulta que en Tamazunchale y en muchos otros municipios de la república los jóvenes activistas conocidos como Servidores de la Nación llegaban a las casas de los beneficiarios a entregar los apoyos vestidos con chalecos que promocionaban la imagen del presidente de la república y del gobierno de la Cuarta Transformación y les decían que esos apoyos se los enviaba AMLO y Morena. Que no se les fuera a olvidar esto a la hora de votar en futuras elecciones.
Como puede verse, esta es una forma tramposa de utilizar los impuestos que pagan los contribuyentes para construir clientelas electorales, conducta que de conformidad con la Constitución y otras leyes mexicanas es una violación que debe castigarse.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
- Ninguno está descartado. Todos andan en la danza.
Antes de que brinquen las trancas y de que la pugna por la candidatura a gobernador de convierta en una guerra de todos contra todos, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha tomado las riendas de lo que será un complicado proceso de selección de su abanderado a la gubernatura.
Son muchos los destacados panistas que aspiran a este privilegio. Y aunque faltan todavía 18 meses para las elecciones de 2021 todos los aspirantes ya andan desatados.
Desde el año pasado las y los aspirantes panistas realizan abierta o encubiertamente acciones de propaganda y activismo político.
Algunos como Octavio Pedroza han sido bastante audaces hasta el grado de pedir que la elección del candidato sea a través de consulta abierta a la ciudadanía y que además se utilicen encuestas.
Lo hace porque sabe que en este momento encabeza las preferencias entre la población, según reportan algunas empresas que se dedican a investigar la opinión pública. Además, Pedroza tuvo el acierto de convocar a la creación de la Fundación “San Luis Podemos” integrada por actores políticos, empresariales, académicos y ciudadanos prominentes.
Esta organización plural y representativa puede servirle de plataforma de lanzamiento a su candidatura.
Esta jugada fue interpretada como un albazo. Pero “haiga sido como haiga sido” Octavio mostró músculo, inteligencia y capacidad de convocatoria. No hay que olvidar que en política el espacio es de quien lo trabaja.
Por su parte el Senador Marco Antonio Gama está tocando por nota; mo se precipita, juega con frialdad y calcula cada movimiento que hace. Emplea la antigua fórmula de los viejos lobos de mar que recomendaban utilizar únicamente dos operaciones aritméticas en política: Sumar y multiplicar, nunca restar ni dividir.
Esta estrategia le está permitiendo avanzar y consolidar su aspiración. Gama Bazarte es sin duda uno de los aspirantes panistas más fuertes a la gubernatura.
Es también quien cuenta entre sus activos con el respaldo de las élites del PAN.
En cuanto a Xavier Azuara está claro que apuesta por la polarización de la sociedad criticando permanentemente las decisiones que toma el gobierno del presidente López Obrador. Tal vez crea que así se instalará en el imaginario colectivo como un gran líder y hombre de Estado.
Otros aspirantes como Sonia Mendoza, Josefina Salazar, Rolando Hervert y Marcelo de los Santos Anaya han sido más discretos en sus estrategias pero no quitan el dedo del renglón.
Todos los días pican piedra y ponen ladrillos. No se dan por vencidos. Saben que no por mucho madrugar amanece más temprano.
De entre ellos puede surgir un precandidato fuerte. Sonia Mendoza y Marcelo de los Santos pueden llegar a ser la piedra de toque. Si no son los elegidos si pueden inclinar la balanza en favor de otro de los aspirantes en una alianza que podría llegar a darse.
Mención aparte merece Xavier Nava que no siendo militante panista ha optado por mantener a sana distancia en este período de arranques prematuros. Él sabe que los “auténticos” panistas no lo quieren porque lo perciben como una amenaza.
Pero para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Nava Palacios sí tiene posibilidades como candidato externo. Así lo dijo Héctor Larios, Secretario General del CEN en su reciente visita por tierras potosinas el pasado 10 de enero; nos hizo recordar que en el PAN hay una arraigada tradición de postular candidatos no militantes como fue el caso de Manuel J. Clouthier y Vicente Fox. Así que Xavier Nava no está descartado.
Los panistas están convencidos de que tienen altas probabilidades de ganar la gubernatura en 2021.
Su diagnóstico es que están dadas las condiciones para salir victoriosos si se mantienen unidos y resuelven por consenso el método de elección del candidato. Esa fue la conclusión y el compromiso que hicieron los aspirantes con Héctor Larios en la comida de la unidad ocurrida en el restaurante “El Trashumante” el pasado viernes 10 de enero.
Habría que subrayar como conclusión que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha tomado el control del proceso de selección de su candidato a la gubernatura y que esto evitará que se desborden las pasiones. Se están encausando institucionalmente las legítimas aspiraciones de los y las que quieren representar al PAN en la contienda por la gubernatura el próximo año.
Esto apenas comienza, y como dijera el gran Lawrence Peter, alías "Yogi" Berra, leyenda del béisbol, “esto no se acaba hasta que se acaba”.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
- “Las reformas protegen derechos humanos como el de la intimidad personal y sexual de las mujeres"
En 2013 Olimpia Coral Melo Cruz fue víctima de una infamia a través de las redes sociales.
Sin su consentimiento, su expareja sentimental hizo circular en las redes sociales un vídeo de fuerte contenido sexual donde ella era la protagonista. Este material erótico se hizo viral en su pueblo natal, Huachinango, Puebla y luego en todo México.
A partir de ese momento Olimpia sufrió humillaciones, burlas y linchamiento mediático. Las lenguas de víbora se dieron gusto, no pararon de lanzar su veneno.
Olimpia no podía salir a la calle porque de inmediato era señalada con índice de fuego. La trataban como a una leprosa. Su propia familia no sabía qué hacer. Ellos también sufrieron la humillación y las hirientes críticas.
Ante este desprecio público la joven mujer decidió encerrarse a piedra y lodo en su casa. Durante meses vivió un infierno. Sentía que le habían robado su vida. Una mezcla de dolor, rabia y culpa la quemaban diariamente a fuego lento.
Tuvieron que pasar muchos días de cruel tormento para que Olimpia tomara conciencia de que ella no había sido la culpable y que más bien era víctima de una acción canalla.
Pero en algún momento de su desdicha su dignidad emergió valiente y decidió dejar de sentirse culpable y proceder a denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
Sin embargo se topó con que este tipo de agresiones no estaban incluidas como un delito en el código penal de su estado. Así que con el apoyo de un grupo de activistas presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa de ley para que se aprobara un nuevo tipo de delito que castigará la violencia digital. Desgraciadamente en un principio los diputados de aquella entidad rechazaron su propuesta.
Entonces Olimpia y sus aliadas tomaron la decisión de formar un movimiento social al que llamaron Frente Nacional por la Sororidad y cuyo propósito sería hacer visible el papel que juegan las tecnologías como generadoras de violencia y agresiones, sobre todo contra las mujeres.
Las integrantes de este Movimiento sostienen que hay una nueva forma de violencia, la Violencia de Género Digital que consiste en “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensaje de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que se comete a través de las tecnologías de información y comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital y que atenta contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnera algún derecho humano de las mujeres”.
A partir de aquel instante el Movimiento encabezado por Olimpia Coral Melo ha exigido que se modifiquen los códigos penales del país para castigar, prevenir e inhibir la violencia digital.
Poco a poco tuvieron éxito. Se fortalecieron. A través de movilizaciones callejeras y sensibilizando a la opinión pública sobre el uso y abuso de la violencia digital han hecho visible el problema y han logrado colocar en la agenda legislativa de los estados este tema.
Fue así que finalmente obtuvieron su primera victoria doblegando a los diputados de Puebla quienes en 2014 aprobaron la llamada Ley Olimpia. Esta ley tipifica como delito penal la violencia digital y la castiga con hasta con 6 años de cárcel.
“Las reformas avaladas protegen derechos humanos como el de la intimidad personal y sexual de las mujeres, así como el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales”.
“Entre las especificaciones de los cambios, los legisladores aprobaron que la pena señalada se agrave al 50 por ciento cuando la víctima sea una persona ascendiente o descendente en línea recta hasta el tercer grado; así como cuando exista o haya existido una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o educativa, así como laboral”.
Actualmente ya ha sido aprobada en los estados de Guerrero, Puebla, Baja California Sur, Nuevo León, HYPERLINK "https://www.proceso.com.mx/…/penalizan-con-hasta-seis-anos-…" Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México.
En San Luis Potosí ya hay una iniciativa de ley que aborda este problemática y que pronto deberá ser vota en la Asamblea de Diputados.
Sería un avance en la lucha que desde las instituciones se ha emprendido para combatir la violencia contra las mujeres que la Ley Olimpia fuera aprobada en nuestro estado.
Nuestros diputados y diputadas tienen la última palabra.
