- Aunque el uso del cubrebocas no elimina la posibilidad de contagio, sí baja la carga viral y ayuda a disminuir hospitalizaciones.
Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me lo pongo, entonces voy a dejar de hablar".
- Andrés Manuel López Obrador,
31 de julio de 2020.
Por lo que he leído, que aclaro no es mucho, nuestro líder Andrés Manuel López Obrador tiene razón, no hay evidencia científica que demuestre que si se mantiene la sana distancia el usar tapabocas disminuya sensiblemente la posibilidad de evitar ser contagiado con el Coronavirus COVID-19.
"A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell, me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo.
En el avión lo piden y me lo pongo en el avión, en la oficina recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas y lo que hacemos es también mantener la sana distancia", dijo durante la conferencia matutina del 25 de julio.
"No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego, pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado".
La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura en su página de internet que no hay pruebas científicas de alta calidad que respalden que el uso generalizado del cubrebocas sea útil para limitar la propagación del virus. Es más, afirma que hay pruebas que sugieren que algunas personas infectadas, pero asintomáticas, pueden transmitir el virus a otras.
"Por esta razón, la OMS aconseja a los gobiernos que fomenten el uso de mascarillas higiénicas de tela por la población general cuando no sea posible mantener una distancia mínima de un metro, como en medios de transporte público, tiendas u otros lugares cerrados o concurridos, ya que dichas mascarillas pueden actuar como barrera para evitar que las personas que las llevan propaguen el virus a otras personas cuando haya muchos casos de COVID-19", señala la OMS en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
"Es importante señalar que las mascarillas solo deben utilizarse como parte de una estrategia integral. Las mascarillas por sí solas no lo protegerán contra la COVID-19. También hay que lavarse las manos con frecuencia y mantener una distancia de al menos 1 metro con los demás".
Voy a ser muy osado en criticar la postura de la OMS, pero su argumentación parece más una justificación para no hacer obligatorio el uso del cubrebocas que una evidencia científica. Para respaldar el argumento del uso del cubrebocas generalizado exige "pruebas científicas de alta calidad", pero para respaldar argumentos de que aún usándolo se puede contagiar da por válidas "pruebas que sugieren".
En lo personal, yo uso el cubrebocas y la verdad que me duele ver personas que no lo usan cuando tienen posibilidad de hacerlo, porque demuestran que lo único que les importa son ellos, y por gente así es difícil que la sociedad avance.
Hace una semana en la conferencia diaria de Salud de Nuevo León, el Secretario estatal presentó los resultados de un estudio que hace un hallazgo relevante sobre la carga viral. Los autores de la investigación médica (lo pueden consultar completo en https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ijid.2020.06.035) señalan en el resumen que "un mayor inóculo viral en el momento de la exposición al SARS-CoV-2 podría determinar un mayor riesgo de COVID-19 grave".
En la misma conferencia del pasado 28 de julio, le pregunté al Doctor Manuel de la O si el resultado de la investigación que presentó se podría resumir en que el cubrebocas ayuda a que haya menos hospitalizaciones, a lo que repondió: "sí, este artículo científico que será publicado el próximo mes menciona que la cantidad de virus que ingresa a nuestro organismo es un factor que determina la gravedad de la enfermedad. Al utilizar cubrebocas expulsamos menos cantidad de virus y si un compañero mío tiene cubrebocas pues obviamente también yo no voy a recibir y yo tampoco voy a expulsar.
Entonces si toda la sociedad utiliza el cubrebocas de manera correcta con eso vamos a disminuir los contagios y vamos a disminuir el número de casos graves".
Cada uno es libre de usar o no usar cubrebocas, pero yo prefiero usarlo por una sencilla razón: me preocupa la gente a mi alrededor. Si antes podía poner de mi parte para bajar la probabilidad de contagios, ahora que sé que de llegar a ser transmisor del virus al usarlo la persona que llegará a contagiar es menos probable que vaya a ser hospitalizada, con mayor razón lo uso.
Cuando he tenido la oportunidad de discutir sobre el uso del cubrebocas y llegamos a posiciones irreconciliables, yo sólo acabo diciendo que si al usarlo podría bajar la probabilidad de contagiarme o de contagiar a otra persona y el único daño que me provoca es la molestia, prefiero el costo más bajo (la molestia).
¡Hasta la próxima semana!
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- Cortar recursos fiscales a la Oposición de golpe y sin cambiar las reglas de distribución regresaría a México a tener un partido hegemónico.
Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Considero que deberían de disminuir los presupuestos de los partidos y ese dinero utilizarlo para el desarrollo social, para la gente. Eso es lo que pienso".
- Andrés Manuel López Obrador,
27 de febrero 2020.
Si a usted le preguntan: los partidos políticos reciben, desde hace años, miles de millones de pesos de recursos públicos, pese a que los políticos corruptos se han dedicado a robar y empobrecer al pueblo, ¿qué creé que sea mejor para México: entregarle esos recursos al incorruptible gobierno del honorable López Obrador para ayudar a los pobres o dejárselos a los pillos de los partidos?, seguramente responderá dárselos a los pobres, que los saqueadores de la Patria vayan a la cárcel y los partidos políticos al "basurero de la historia".
Pero si le preguntan: en tan solo año y medio de Gobierno, López Obrador destruyó los programas asistenciales del Gobierno de México que eran reconocidos a nivel internacional por sus avances en combatir la pobreza y la transparencia con que se manejaban los recursos, para crear sus programas clientelares que no tienen nada de transparentes y han demostrado, en el poco tiempo que llevan, ser un tiradero de dinero sin beneficio para el país. Sólo le van a servir a AMLO para ganar el siguiente año las elecciones, ¿qué creé que sea mejor para México: mantener el financiamiento público a los partidos políticos para evitar que llegue un dictador y tener al menos esa vía para poder frenarlo; o dárselo al Gobierno amlista para que lo siga regalando?, seguramente responderá: a los partidos políticos.
Pero si sólo le preguntan: ¿qué es mejor para el país: mantener el financiamiento público a los partidos políticos o reducirlo para entregar en los programas sociales federales?, su respuesta no estaría influenciada por el entrevistador, sería en realidad lo que usted piensa, pero no necesariamente lo mejor para México.
Estoy convencido, y creo que coincidirá conmigo, que en base a la información de que disponemos formamos nuestro criterio, y que es peor estar mal informado que desinformado. Porque, además, la mayoría de las veces los que nos mal informan lo hacen con el único fin de manipularnos.
SU EVOLUCIÓN
Aunque el financiamiento público a los partidos existe desde 1977, el cálculo de su monto y su distribución ha ido evolucionando con el paso de los años. En principio era completamente discrecional. En 1987, se fijaron las primeras reglas que incluían, entre otras, el número de diputados, pero aún quedaba un margen de discrecionalidad para la entonces Comisión Federal Electoral que dependía del Gobierno en turno (que, por cierto, encabezó el hoy honorable y exitoso morenista Manuel Barlett, ésa era la CFE que sabía manejar a la perfección, en su pasado priista). En 1989 se hizo el siguiente ajuste en la legislación electoral y se eliminó la poca discrecionalidad que había en el reparto del financiamiento a los partidos.
En 1996, cuando nace como órgano autónomo el Instituto Federal Electoral, se comenzó a aplicar una fórmula que estaba en función directa al número de partidos para calcular la bolsa a repartir para actividades ordinarias de estas organizaciones. Resultaba de multiplicar los costos de las campañas para presidente, el total de diputados y senadores, considerando los días de duración de las campañas, y eso se multiplicaba por el número de partidos.
Ya con el monto determinado, el 30 por ciento se reparte por partes iguales entre todos los partidos y el restante 70 por ciento en función de la votación de la última elección de diputados, como se hace hasta la fecha.
En año electoral, a cada partido se le entregaba una cantidad adicional e igual a la de actividades ordinarias para los gastos de campaña. Desde entonces existen otros tres financiamientos, pero representan menos del 5 por ciento.
En 2008 se hizo una gran reforma que le quita a los partidos políticos la posibilidad de comprar directamente tiempo en radio y televisión, y para hacer más equitativa la contienda los tiempos los maneja el IFE (hoy INE) con reglas muy claras, similares al reparto del financiamiento.
También redujeron el financiamiento para campañas electorales, la razón es que donde más se gastaba era en spots de radio y televisión. Desde la elección del 2009, en los procesos intermedios se les da para gastos de campaña una bolsa equivalente al 30 por ciento de la de actividades ordinarias y en la elección presidencial del 50 por ciento.
Pero también se cambió la fórmula para determinar el financiamiento público anual, ya no depende del número de partidos, ahora está fijado en función del número de electores, además esta fórmula se replicó en la mayoría de los estados para el financiamiento local.
Por cada elector se destinaba originalmente el 65 por ciento de un salario mínimo diario para el financiamiento de los partidos, pero cuando se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se sustituyó por esta. La UMA, que se calcula anualmente desde el 2016 en base a la inflación, se creó para que el salario mínimo pudiera aumentar sin afectar legislaciones que estaban ligadas a él; en el 2016 la UMA era lo mismo que el mínimo, actualmente el salario es 42 por ciento mayor que la UMA.
En la circunstancia actual, a los partidos políticos les conviene que haya menos para poder alcanzar más del pastel, es decir, que haya más partidos no aumenta el financiamiento.
¿CÓMO BAJARLO?
Este año se le están destinando a los partidos políticos, de financiamiento público federal, 5 mil 239 millones de pesos, más una cantidad cercana en los estados. Y desde 1997 se han entregado recursos federales en términos nominales de casi 83 mil millones de pesos a los partidos y, considerando la inflación, esa cantidad es de casi 128 mil millones de pesos de 2020.
López Obrador ha pedido reducirlo a la mitad para que se liberen recursos y pueda destinar más a sus programas sociales; en abril dijo que para enfrentar la pandemia.
Pero no está de más recordar que nuestro líder apareció en la boleta en las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2018. En las intermedias de 2009 no apareció, pero hizo campaña por los diputados del PRD, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), en el 2015 impulsó el registro de su partido Morena participando activamente en la elección, adicionalmente cuando fue líder de Morena él siguió haciendo campaña.
Al inicio de la contienda del 2018, López Obrador ya había tenido a su disposición en los años previos, enlistados arriba, financiamiento público por 12 mil millones de pesos, en pesos de 2018; ya arrancaba con una ventaja financiera muy fuerte, adicional al desgaste de los partidos que postulaban a los otros candidatos, eso explica en alguna medida su victoria.
Es innegable que esos 12 años de campaña permanente sentaron las bases para su victoria en 2018 y, sin duda, que buena parte del financiamiento público del que dispusieron los partidos sirvió para fortalecer su imagen. Cómo olvidar aquel "estaríamos mejor con López Obrador" que se difundió durante el gobierno de Calderón.
Ahora que ya está en el poder, se le hace un abuso el uso de recursos por parte de los partidos políticos. En la misma campaña del 2018, “El Bronco” lo retó varias veces a renunciar al financiamiento público y se hacía ganso, perdón, pato.
Sin duda que Morena es actualmente el partido más fuerte en términos electorales, pero también en términos financieros.
Gracias a la votación histórica que recibió Andrés Manuel López Obrador de más de 30 millones de votos, los diputados de su partido consiguieron que 20 millones 790 mil 623 ciudadanos les dieran su voto, lo que le va a permitir a Morena recibir, de 2019 a 2021, financiamiento público por 5 mil 580 millones de pesos, el más alto recibido por un partido desde que se creó con reglas claras en 1996 (a lo mejor por eso se andan peleando por la dirigencia).
Adicionalmente, tiene la ventaja de ser un partido de pocos años de existencia que no carga con costos elevados, ni deuda, ni empleados, ni pasivo laboral, entre otros. En sus primeros cinco años de existencia, de 2014 a 2018, recibió 1 mil 742 millones de pesos.
Aunque no va a pasar, porque la voluntad de Morena y AMLO es restarle poder financiero a la Oposición, más allá de bajar el financiamiento, lo que yo creo que sería lo más sano son básicamente dos cosas: Primero, que la baja de la bolsa total sea gradual, para que permita a los partidos ir ajustando poco a poco su operación sin que los lleve a la quiebra; por ejemplo, que el factor que actualmente se aplica de 65 por ciento a las UMA por cada elector se ajuste a 54 en 2021, 43 en 2022, 32.5 en 2023; y segundo, que se cambien las reglas de reparto, que en vez de 30 por ciento igual y 70 por ciento en base a la última votación, sea a lo mejor 50 y 50, de esta manera la mayor reducción sería en el monto de Morena, pero como es el que se quiere colgar la medalla, lo correcto es que sea el que más pague.
Aunque cada día que pasa, y más con la pandemia, se vuelve más urgente una reducción en el financiamiento público a los partidos, creo que una baja del 50 por ciento de golpe y sin cambiar las reglas de reparto encaminaría a México a tener un partido hegemónico, algo que en teoría ya dejamos en el "basurero de la historia".
¡Hasta la próxima semana!
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En este momento no hay datos duros que permitan predecir quién ganará la gubernatura en 2021. Lo que abunda en el ambiente político son las especulaciones y la incertidumbre. Todavía faltan once meses para que llegue la jornada electoral del domingo 6 de junio. En este lapso de tiempo van a ocurrir muchas cosas que serán definitivas para definir a un ganador.
La historia está por escribirse.
Aunque la mayoría de las encuestas dadas a conocer en los últimos días arrojan datos que indican que la intención del voto favorece a Morena, seguido muy de cerca por el PAN y luego por el PRI, hay que interpretar estos estudios con recelo. Para que estas estimaciones se conviertan en tendencias dominantes hay que esperar a que los partidos procesen la elección de sus candidatos, examinar si hubo daños estructurales en su unidad interna, estimar fortalezas y debilidades de los que resulten candidatos y calcular cuánto podrían sumar las alianzas que firmarán los partidos grandes con los pequeños.
Son muchas las variables que inciden en el triunfo o derrota de un candidato. Faltaría espacio para analizar a fondo cada una de ellas. Así que en esta ocasión voy centrarme en subrayar la importancia que las alianzas pueden llegar a tener en las próximas elecciones. Admito que se trata de un ejercicio de imaginación política. Pero a pesar de ello me interesa sostener que una hipotética alianza del PRI con Morena, o bien una coalición del PAN, PRD y PRI puede definir al ganador.
Si se admite que la verdadera competencia por la gubernatura se dará entre el PAN y Morena ya que el PRI y el PRD no viven sus mejores tiempos, entonces se podrá aceptar que el tricolor y el partido del Sol Azteca pueden inclinar la balanza en favor de alguno de los candidatos con mayores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? Veamos.
La última encuesta publicada el 20 de junio por la prestigiada firma Consulta Mitofsky nos dice que en estos momentos, aún sin haber candidatos, Morena como partido tiene el apoyo del 27.6% de los electores; luego aparece el PAN con un 16.3% de las preferencias, le sigue el PRI con un 13%, en seguida el Verde con 9% y finalmente el PRD con 1.4%. Lo partidos minoritarios apenas pintan.
Si se llegará a dar una alianza entre Morena y el PRI sumarían entre ambos un 40.6% de los votos. Si además se agrega a esta alianza el 9% del partido Verde, Morena sería el jugador más fuerte y seguro ganador con un 49.6%.
En otro escenario; si el PAN pacta con el PRI y PRD aumentaría su actual 16.3 a un 30.7%, esto haría más competitivo al partido de Acción Nacional. Pero Morena puede perder el 9% del Verde y quedarse tan sólo con el 40.6% de esta presunta alianza con el PRI si el diputado Ricardo Gallado Cardona rompe con el partido del presidente López Obrador porque no lo hacen candidato a gobernador y decide entonces ir en solitario como abanderado del partido del tucán.
Las posibilidades de estas alianzas ficticias estarían condicionadas al resultado de quién resulte finalmente el candidato de Morena y del PAN y, desde luego, de la capacidad del PRI y del PRD para convencer a los militantes más dogmáticos de que hay que hacer esta alianza si no quieren perderlo todo. Aquí es donde los posibles candidatos adquieren relevancia.
Si Xavier Nava es el abanderado del PAN podría con relativa facilidad sumar el apoyo del PRI y del PRD. Si acaso fuera alguno de los otros distinguidos (a) panistas que han alzado la mano podría tener también el apoyo del PRI y del PRD. Sobre todo si resultara que Octavio Pedroza es el candidato. Aunque en el PAN también cabe la posibilidad de que alguno de los perdedores acepte por despecho la candidatura del nuevo partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón (México Libre). Esta contingencia fragmentaria el voto panista en el estado y pondría una alfombra roja al triunfo de Morena.
Si el candidato de Morena resulta ser Ricardo Gallardo Cardona difícilmente sería adoptado por el PRI y el PRD. Sin embargo “El Pollito” compitiendo por Morena, más el Verde, puede ganar.
Ahora bien, si el candidato de Morena fuera Xavier Nava, Juan Ramiro Robledo o Esteban Moctezuma, el PRI y el PRD los arroparían sin mayores resistencias. Cualquiera de ellos podría ganar, son muy viables y competitivos.
Por último, si el candidato de Morena fuera el senador Primo Dothe lo más seguro es que tendría que competir solo. Ni el PRI ni el PRD lo apoyarían.
En un país surrealista como el nuestro todo puede suceder. Así que la moneda está en el aire.
- Al no viajar en avión privado Andrés Manuel López Obrador malgasta nuestros recursos
Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes (en vuelo comercial a Washington) y llego sin problema, no hace falta (un vuelo privado)".
- Andrés Manuel López Obrador
29 junio 2020.
Gracias a mi trabajo, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han dirigido departamentos de Recursos Humanos en empresas de diferentes tamaños, y en mi curiosidad les preguntaba por qué no se generalizaban en sus empresas prestaciones que se daban a partir de cierto nivel de responsabilidad. Me refiero, entre otras, a un automóvil incluyendo combustible y gastos de mantenimiento, en algunos casos hasta chofer, apoyo para vivienda, asistentes para asuntos personales y seguro de gastos médicos ilimitado.
Y aunque había diferentes respuestas, al final caían en lo mismo: no era una prestación de la empresa al empleado sino un costo en el que se incurría para que el empleado destinara la mayor parte de su tiempo a trabajar y no a asuntos cotidianos como la gente normal.
En muchos casos estos niveles de responsabilidad en las empresas demandan además de esfuerzo físico, estar concentrados mentalmente en sacar adelante sus tareas. Quitarle preocupaciones cotidianas a estos ejecutivos aumenta su productividad, además de que la empresa le saca el mayor provecho posible al talento del personal en esos niveles.
Algo tan sencillo como manejar su auto acaba siendo un distractor del valioso tiempo de estos líderes de equipos de trabajo, por eso el ponerles chofer no es por su comodidad, sino para que ese tiempo lo aprovechen para atender muchas veces asuntos de la empresa. Y qué decir de los seguros de gastos médicos, que en caso de una contingencia tanto ellos como sus familias pueden ser atendidos en el menor tiempo posible. Y en algunas circunstancias pueden a la vez atender asuntos urgentes de su trabajo, cosa que difícilmente ocurriría si fuera al IMSS.
Y si es tan bueno para las empresas, ¿por qué no se generalizan? Aunque se escuche discriminatoria mi respuesta, esa es la realidad, el tiempo de un alto directivo es más valioso para una empresa que el de un empleado, por una sencilla razón financiera: se le paga más porque con sus habilidades y conocimientos le genera más dinero a la compañía.
Por esa única razón, es un despropósito económico la estrategia de nuestro líder de viajar por carreteras o en vuelos comerciales en vez de tener una aeronave propia para hacer más eficiente el uso del salario que le pagamos. Asumiendo que es el hombre de más talento y con mayor responsabilidad en el actual gobierno, desperdicia su tiempo y nuestros recursos, en vez de destinarlo a generarnos más bienestar y prosperidad.
Como ejemplo de este despilfarro de nuestros recursos tomaré lo que pasó el martes pasado que destinó casi toda su jornada laboral para trasladarse de la Ciudad de México a Washington, y el jueves para el vuelo de regreso.
Aunque creo que son muchas horas perdidos que podían haber sido aprovechadas de mejor manera, casi podría apostar que para él es el tiempo mejor invertido, él piensa en su popularidad y las elecciones del 2021, no en el uso eficiente de los recursos. Basta ver los comentarios de sus fieles seguidores en redes en los que destacan que es histórico lo hecho por Andrés Manuel López Obrador que un Presidente puede viajar como ciudadano común y no pasa nada.
Claro que sus detractores dirán: "es tiempo ganado, no le hizo daño al país en esas horas".
¡Hasta la próxima semana!.
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- Busca AMLO quitarle a partidos 1,667.5 millones de pesos.
Por Edmundo Crespo Ruiz
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- La Corte echó abajo en 2017 una reducción de la mitad del financiamiento público a partidos en Yucatán, que se iba a destinar a niños pobres del estado.
"Se desentienden de su deber institucional de dar solución permanente, con sus propios recursos, a esa problemática asistencial, pues les resulta mucho más cómodo aplicar los recursos de los partidos".
- Acción de inconstitucionalidad 50/2017.
Nuestro líder ha buscado sin éxito reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos para tener más recursos disponibles para sus programas sociales, pero antes de él ya se han echo cambios legales que toparon en pared.
Hay un antecedente en Yucatán de una reducción del 50% del financiamiento público a las actividades ordinarias de los partidos políticos para destinarlo a los niños pobres, pero al final fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 30 de mayo de 2017 el Congreso local, donde 13 de los 25 diputados eran priístas, aprobó reducir un 50% el financiamiento público estatal para actividades ordinarias de los partidos políticos en los meses y años en los que no se desarrolle proceso electoral local.
Ese año 6 partidos políticos recibieron casi 68 millones de pesos de financiamiento público en Yucatán, aunque pareciera ser muy poco frente a los casi 3 mil 941 millones de pesos que se entregaron de recursos federales a 9 institutos a nivel nacional; en realidad, se utilizó la misma fórmula para determinar la bolsa a repartir: por cada ciudadano en el listado nominal de electores se pone el 65 por ciento de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) para actividades ordinarias. En esa entidad del sureste había 1.4 millones de electores de los 83 en el listado nacional, por eso la diferencia.
Adicionalmente, en la reforma se aprobó el artículo cuarto transitorio en el que se destinaban los recursos que se le reducían a los partidos a una Institución de Asistencia Privada, el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.
"Los recursos que resulten excedentes y que no se entreguen a los partidos políticos, en virtud de lo establecido en este decreto, deberán ser destinados a las niñas, niños y adolescentes de escasos recursos, en estado de vulnerabilidad o con problemas de discapacidad que se encuentren a disposición de la Asociación Patronato Caimede, Institución de Asistencia Privada".
La dirigencia nacional de uno de los partidos que menos financiamiento recibió ese año en Yucatán, interpuso el 29 de junio de 2017 una acción de inconstitucionalidad en la SCJN, que fue aceptada para su análisis y se le asignó el número 50/2017.
"Un financiamiento público ordinario para actividades permanentes disminuido en los años en que no hay procesos electorales implica desconocer la dinámica de las actividades que, de esa índole, realizan los partidos políticos, no obstante que es notorio que la actividad política y social se extiende y realiza todo el tiempo en que dichas entidades de interés público conserven su registro", argumentó el partido que acudió a la SCJN.
"Una cosa es que en años no electorales no se otorgue financiamiento para campañas electorales, pero otra muy distinta es que se extienda la medida para afectar el financiamiento para actividades ordinarias permanentes reduciéndolo en un 50%, no obstante subsistir en todo tiempo, año con año y mes con mes, las mismas condiciones y circunstancias fácticas y jurídicas que sustentan su regulación y distribución, al estar los partidos en el deber de realizar dichas actividades con la misma intensidad, dentro o fuera de los procesos electorales".
Más adelante, el partido argumenta que la reducción en los recursos públicos también les afecta en la posibilidad de obtener recursos privados. "Dicha disminución disminuye a la par el financiamiento privado que eventualmente pueden obtener los partidos de sus militantes, dado que tal ingreso no puede prevalecer sobre el monto del financiamiento público".
También argumenta que al destinar ese recorte a las niñas, niños y adolescentes de escasos recursos, en estado de vulnerabilidad o con problemas de discapacidad, "los poderes legislativo y ejecutivo locales prácticamente se desentienden de su deber institucional de dar solución permanente, con sus propios recursos, a esa problemática asistencial, pues les resulta mucho más cómodo aplicar los recursos de los partidos".
Después de analizar los argumentos del partido político que interpuso la acción de inconstitucionalidad y los del Congreso local de Yucatán, el Gobernador de Yucatán y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera unánime los 11 ministros de la Corte declararon (en la sesión del 29 de agosto de 2017) "la inconstitucionalidad de la reducción de un 50% del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, en los años y meses en los que no se desarrolle proceso electoral, y de destinar los recursos excedentes derivados de la reducción de dicho financiamiento a una institución de asistencia privada"
Entre los argumentos de la ministra ponente del dictamén resalta que "esos recursos económicos que constitucionalmente se les confirieron a los partidos para sufragar los gastos continuos que les dan sustento ininterrumpido a sus actividades cotidianas, tuvieran que reprogramarse en los años en los que no hubiera procesos electorales, porque ello propiciaría que se entorpeciera la permanencia de sus gestiones administrativas ordinarias".
Si la inconformidad fuera sólo el uso que se le iba a dar a los recursos, de destinarlos a una asociación privada para ayudar a niños pobres, el partido hubiera impugnado solamente el cuarto artículo transitorio; igualmente si el pleno de la SCJN considerara que ése era el inconveniente sólo hubiera echado abajo ese artículo y hubiera prevalecido la reducción de los recursos a los partidos, pero en realidad echó abajo también la reducción del financiamiento público.
Por esa razón, creo que lo relevante de la resolución radica en que consideraron que dicha reducción "entorpecería la permanencia" de los partidos.
Pero lo aún más relevante es que quien promovió la acción de inconstitucionalidad fue Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente del partido político nacional MORENA, nuestro hoy líder.
Por cierto, el partido que dice que no es partido que es un movimiento (pero sí recibe millones de pesos públicos por serlo), recibió en ese 2017 de fondos de Yucatán 5,132,292.72 pesos, y fue hasta la SCJN contra una reducción de 2.5 millones de pesos para entregarla a los pobres de ese estado del sureste. Y su líder, quien ahora es Presidente de México, quiere que los partidos nacionales renuncien a 1,667.5 millones de pesos, para que él lo pueda destinar a sus programas sociales.
Con qué calidad moral pide López Obrador a los partidos políticos nacionales que renuncien a recursos públicos si él mismo hace 2 años puso a Morena por delante de los pobres de Yucatán. ¿Será porque hay de pobres a pobres, y los que le agradecen a él valen más, aunque sean igual o menos pobres?
¡Hasta la próxima semana!
- El ex gobernador de Chihuahua, deberá pagar por los pecados que cometió a su paso por el poder.
Robó, huyó y lo agarraron; andaba de incógnito en las paradisíacas playas de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Pesaban sobre él 11 órdenes de aprensión.
Era buscado por la INTERPOL en 190 países. Desde marzo de 2017 andaba a salto de mata, temeroso de que le echaran el guante. Pero finalmente el día de ayer (8 de julio) el largo brazo de la justicia lo agarró. Ahora tendrá que responder por los actos de corrupción que se le atribuyen, un desfalco al erario público por mil 230 millones de pesos.
En los próximos meses, César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, deberá pagar por los pecados que cometió a su paso por la administración pública.
Inmediatamente después de que el proceso de extradición de Estados Unidos a México se consiga, será encerrado en una fría y sórdida mazmorra donde tendrá el tiempo suficiente para arrepentirse y, quizás, hasta delate a sus cómplices.
No es casualidad que el arresto de Duarte Jáquez haya ocurrido precisamente el día en que el presidente López Obrador se encontraba en Washington en un encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump celebrando la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
En política no hay casualidades. Trump le hizo un precioso regalo al presidente mexicano, le entregó la cabeza del exgobernador de Chihuahua. Con ese valioso trofeo en las manos el gobierno de la 4T podrá presumir que está combatiendo a fondo el fenómeno de la corrupción.
Hay que reconocer que fue un golpe magistral. El tiempo, modo y circunstancia en que se dio el arresto de César Duarte habla de una mente estratégica que supo calcular perfectamente los estragos que este acontecimiento ocasionará a la imagen del PRI.
No hay que olvidar que el inicio del proceso electoral 2020-2021 está a la vuelta de la esquina (septiembre de este año) y un escándalo como este puede ser letal para un partido que está intentando redimirse y recobrar la confianza de los electores.
La espectacular jugada realizada por el gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard deja ver que se buscaba conseguir dos objetivos, uno político y otro propagandístico, ya que el arresto de Duarte es un poderoso mensaje que fortalece en la opinión pública la percepción de que AMLO es un auténtico matador de dragones.
Consciente del daño que este asunto puede ocasionarle al PRI, su dirigente nacional, Alejandro Moreno reaccionó de inmediato con buenos reflejos deslindando a su partido de este impresentable sujeto.
En un mensaje de Twitter hizo pública su postura: “Siempre lo he dicho, el PRI estará del lado de la ley, y en contra de la corrupción, tope hasta donde tope. Si algún priista cayó en actos de corrupción habrá traicionado al gobierno, a las instituciones y al partido”.
El mensaje es claro y contundente y tiene como destinatarios no sólo a Duarte Jáquez sino también a otros priistas que han cometido o están pensando cometer actos de corrupción.
Hace bien el líder del PRI en deslindarse. Muchos priistas que han tenido oportunidad de ocupar un cargo en el gobierno han cometido actos de corrupción que han dañado profundamente a este partido.
Han abusado y sacado provecho personal al traicionar la confianza que se les dio. Al inclinarse por el robo del dinero público han traicionado a su partido y no es justo que los militantes pague por sus latrocinios.
Si el PRI quiere recuperar la confianza de los electores tiene que sumarse al combate a la corrupción.
CARAS Y CARETAS
I.- Cesar Duarte Jáquez fue expulsado del PRI en enero de 2016 cuando se dieron a conocer sus fechorías. El ex gobernador impugno esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejó sin efecto la sanción debido a que no fue notificado personalmente. Luego de este tropiezo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI volvió a revisar el caso, citó a Duarte Jáquez para darle una oportunidad de defensa, pero al no presentarse determinó proceder a su expulsión. Ésta quedo firme el 30 de mayo de 2019.
II. En octubre de 2016 la Fiscalía de Justicia del estado de Chihuahua emitió la primera orden de aprensión en su contra por los delitos de peculado agravado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando el mundo se le cayó encima Cesar Duarte decidió huir del país.
III.- Al término de su mandato Duarte Jáquez dejó una obscena deuda pública por 48 mil millones de pesos en detrimento de las arcas del gobierno de Chihuahua.
IV.- En voz de Alejandro Moreno Cárdenas: “el PRI no será tapadera de nadie. El priismo siempre