- Busca el Estado que Congreso le apruebe afectar finanzas.

- Durante 10 años tendrá que pagar contribuciones no cubiertas.

San Luis Potosí, S.L.P.- El gobernador Juan Manuel Carreras López, presentó al Poder Legislativo, una Iniciativa de Decreto, para que le apruebe una afectación al Fondo General de Participaciones que recibe el Estado por el 2.5 por ciento mensual, que se traducirían a lo largo de 10 años en el pago de $1’225’906,077.14 por cuotas y contribuciones pasadas y no entregadas, a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que originalmente debieron de ser aportadas por la Federación.

La iniciativa de Decreto, enviada por el gobernador y respaldada por el secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tovías, el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes y el secretario de Educación Joel Ramírez Díaz, pretende afectar por ese plazo las finanzas del Estado, para pagarle al ISSSTE las contribuciones que durante casi 10 años no se hicieron como parte de la obligación que tiene y que al menos cubrirá los período del 2011 al 2014.

En la propuesta, que se agendó durante la sesión de la Diputación Permanente para su discusión durante el próximo período extraordinario de sesiones a celebrarse del 7 al 13 de septiembre, se hace un recuento de las bases y antecedentes por las cuales se solicita ahora esa autorización del Congreso, para afectar destinando el 2.5 por ciento de las participaciones federales del Estado, para el pago de cuotas al ISSSTE.

El documento cita, que, “a partir del 2008, se estableció en la Ley de Coordinación Fiscal una nueva fórmula para la distribución de recursos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en la cual no se consideró el pago de la nómina de maestros del Subsistema de Telesecundarias y otros subsistemas de educación pública a cargo del Gobierno del Estado”.

“Por ello”, continúa el texto, “con las modificaciones realizadas, nuestro Estado dejó de percibir una importante cantidad de recursos que al inicio de la presente administración ascendían a 5,235.1 mdp, al disminuir de un 3.25% del monto total del FAEB Nacional de ese año, a un 2.85% en el año 2014”.

Esta afectación, subraya el documento, se debe al cambio de la fórmula de distribución que tuvo consecuencias negativas en 20 Entidades Federativas –entre ellas San Luis Potosí-, al encontrarse desigualdades entre los Estados de la República, situación que generó déficits anuales continuos, provocando una severa presión sobre las finanzas públicas estatales que compromete seriamente la viabilidad financiera del sistema educativo de la Entidad”.

EL ENSAYO

Un análisis ex profeso sobre el tema, que fue el ensayo ganador del segundo lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2013, convocado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual fue denominado “El FAEB de tercera generación: Una tarea pendiente en la Agenda Legislativa”, escrito por José Raúl Trujillo, Doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz y Maestro en Desarrollo de la Educación Básica por la Universidad Iberoamericana de Puebla, es la referencia precisa y exacta sobre este problema que afectó no sólo a San Luis Potosí, sino a casi todas las entidades del País.

Ese ensayo destacó que “la política pública de financiamiento federal en educación básica, transferida a los Estados en 1992, tuvo una importante redirección en 2008 al instrumentarse la reforma fiscal que aprobó el Congreso de la Unión para ese año y que estableció una nueva fórmula para distribuir entre los Estados de la República los recursos del Fondo con un criterio eficientista de “equidad financiera”, dirigido a igualar la inversión federal por alumno en todo el país y que ha operado al modificarse en aquel momento el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ese cambio de 2008, menciona el estudio, contravino las recomendaciones internacionales respecto a no aplicar en forma plana los presupuestos públicos para educación, ante la diversidad cultural y la dispersión poblacional de Latinoamérica. Además, acentuó los problemas no resueltos en la asignación del FAEB de primera generación que se creó en 1998 y que se agudizaron en el 2007 en las Entidades, al redireccionar los criterios de cálculo del FAEB, antes centrados al pago de los trabajadores federalizados y que se reorientaron al costo por alumno en cada Estado.

Y remata: “Lo más grave es que esas reasignaciones corresponden en más del 95%, a montos de la nómina de los trabajadores federalizados de educación básica y que tienen que cubrir los gobiernos estatales”.

Por esa razón, el Gobierno busca que se le autorice “una afectación hasta de 2.5% mensual del Fondo General de Participaciones que recibe el Gobierno del Estado, como fuente de pago a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que cubra, a nombre y cuenta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, las aportaciones y cuotas correspondientes hasta por la cantidad de $1,225,906,077.14 (Un mil doscientos veinticinco millones, novecientos seis mil, setenta y siete pesos, 14/100 M.N.) así como los intereses, actualizaciones y recargos respectivos calculados a la fecha de pago”.
Los pagos deberán cubrir exclusivamente las aportaciones y cuotas de los periodos de los bimestres: 5 y 6 del 2011; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 2012; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 2013; y, 2, 3, 4, 5 y 6 del ejercicio 2014.

DEUDA TRANSEXENAL

La iniciativa de Decreto enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo, será analizada y discutida con muy poco tiempo, pues apenas esta semana se recibió en Oficialía de Partes y se turnó a la Diputación Permanente, que hoy le dio entrada y la turnó a la Comisión de Hacienda del Estado.

Esta Comisión, que preside el diputado panista Mariano Niño Martínez, tendría tres o cuatro días para analizar la iniciativa de Decreto del Gobernador Carreras López, pues apenas hoy entró a la Diputación Permanente y se turnó al órgano colegiado parlamentario específico para que la analicen, discutan y en su caso, la aprueben o rechacen.

Sin embargo, el documento enviado por el Ejecutivo, no explica cómo resolverá el monto total de la deuda del Estado de San Luis Potosí con la Federación en materia educativa, pues según el texto: “Se continuará buscando las medidas y gestiones necesarias para cumplir con los compromisos que se tienen, ya que al cierre de junio de 2018, se tenían pasivos por $2’846,800.00 dentro de los cuales se encuentra un monto de 1,194.6 mdp de adeudos al ISSSTE”.

La afectación al 2.5 por ciento de las participaciones del Estado, por los próximos 10 años, según el Convenio firmado con el ISSSTE y avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iría a lo largo de un período de 10 años, lo que incluiría los tres años restantes de la gestión 2015-2021 de Juan Manuel Carreras y los 6 años del próximo gobierno 2021-2027, convirtiéndose en un compromiso transexenal.

Un punto a favor, es que en las negociaciones del Estado con la SHCP y el SAT, se llegó a acuerdos “para la condonación de multas y accesorios para realizar el pago de la suerte principal de dichos adeudos”.

Además, habrá “aportaciones extraordinarias por parte de la Federación y el Estado para el pago de los pasivos”, lo que no deja solo a San Luis Potosí con la obligación del enorme pasivo que tiene con el sector educativo.