- Hay muchas fosas con cientos de cadáveres, revela
San Luis Potosí ya no es un Estado donde prive la paz, la tranquilidad y la seguridad para sus habitantes. Hoy día, es primer lugar nacional en fosas clandestinas, que sirve de tiradero de cadáveres para todo tipo de crímenes, ejecuciones y desaparición forzada de personas.
Esta verdad, la escupió sin miramientos en plena sesión del Congreso del Estado hace dos semanas el diputado Manuel Barrera Guillén, durante la sesión de la Diputación Permanente.
Crudo y sin censura, libre de compromisos con el Gobierno, el legislador por el Partido Verde Ecologista de México Manuel Barrera Guillén citó fuentes de la Agencia de Inteligencia de la Policía Federal que le entregaron un diagnóstico sobre la seguridad potosina, la cual quedó en evidencia.
Barrera expuso que hay tal cantidad de fosas clandestinas aquí, que colocan a San Luis Potosí como el primer Estado a nivel nacional en este conteo.
“Hay aquí muchas personas que han sido ejecutadas, sepultadas o desaparecidas en estados del norte del país”, expresó.
En mi calidad de legislador, he recibido informes precisos sobre este tema delicado y puedo decir, que muchas de las personas desaparecidas en el norte fueron enterradas en los municipios Armadillo de los Infante, Salinas, Moctezuma y Matehuala, así como también en la región Huasteca, donde la superficie que cubre la distancia entre Tamuín y Xilitla, se ha constituido como un gran cementerio de víctimas de la violencia y la delincuencia organizada.
Pero el problema se agrava por la inexistencia de un laboratorio de ADN, que cuente con especialistas, técnicos e investigadores en el tema.
“Se requiere de atención urgente”, advirtió y exigió que el Gobierno elabore con urgencia un censo general de víctimas de la violencia, pues de qué otra manera le van a poner atención a tantas familias que buscan a hombres, mujeres, niños y ancianos, todos víctimas del delito, cuyas vidas fueron arrancadas de forma cruel”.
El legislador potosino, urgió al Gobierno del Estado a solicitar ayuda al Gobierno Federal para agilizar la búsqueda de víctimas y desaparecidos, pues hasta ahora, las familias sólo pueden recurrir a organismos y asociaciones civiles en la Ciudad de México para recibir un poco de ayuda en su larga batalla por encontrar a sus seres queridos.