Han pasado tres meses desde que nos cayó la plaga del coronavirus y aún no logramos superar la contingencia. La enfermedad no cede. Es por ello que la cuarentena se extenderá durante junio y julio. Vamos a necesitar la paciencia de un Santo para no quebrarnos.  

Para aminorar la adversidad los gobiernos federal y local han acordado que a partir de este primero de junio se reinicien gradualmente algunas actividades productivas para evitar que la economía siga destruyéndose. Sin embargo, no se piense que ya hemos superado la emergencia. La enfermedad sigue viva y causando estragos. Los contagios se multiplican y las muertes siguen engordando las estadísticas del holocausto.

La puerta para entrar a una “nueva normalidad” ha sido abierta este primero de junio pero el portón tiene aduanas y torniquetes. Así que no echemos las campanas al vuelo. Muy lejos estamos de erradicar la diabólica enfermedad. Seguimos siendo vulnerables a la ponzoña del virus.

Nos acaban de comunicar que el escape del infierno será y gradual y controlado por un sistema de alertas. Para cada estado habrá un semáforo epidemiológico con cuatro indicadores: ocupación hospitalaria, la tendencia de ocupación hospitalaria, el comportamiento de COVID-19 en los últimos 14 días y los casos positivos por cada grupo de sospechosos. El semáforo se encenderá en rojo (riesgo máximo) si la tendencia de ocupación hospitalaria es de 70% o más; naranja (riego alto) si la tendencia es de 51% a 71%; semáforo amarillo (riesgo mediano) si la tendencia es de 31% a 50% y verde (riesgo bajo) si la tendencia de ocupación hospitalaria es de 30% o menos.

Lamentablemente junio empieza con 31 estados de la república con semáforo en rojo, incluido San Luis Potosí. Así que el peligro de contagio es muy alto.

No todos los gobernadores estuvieron de acuerdo con el Semáforo Epidemiológico Nacional para medir la evolución del avance del coronavirus. Ellos querían tener libertad para elaborar su propio sistema de alerta atendiendo a las circunstancias específicas de su entidad.

Cuándo el pasado martes 26 de mayo la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero les comunicó a los gobernadores que… “el semáforo debe ser federal, porque no podemos tener consideraciones con semáforos locales porque sería una descoordinación total en nuestro país de que ahora cada quien abre cuando quiere y cada quien cierra cuando quiere”, los mandatarios estatales se sintieron agraviados por el desplante prepotente y centralista que mostró la funcionaria. Siete gobernadores expresaron su desacuerdo ya que para ellos los estados son libres y soberanos y tienen en el ámbito de su competencia facultades  para tomar decisiones como esta.

Tuvo que entrar al quite el presidente de la república para evitar que el conflicto creciera. En tono conciliador López Obrador  declaró que “con diálogo, sin pelea y buscando acuerdos, se podrá salir del diferendo con los gobernadores que proponen que sean semáforos locales, y no uno federal el que determina la reapertura de actividades económicas detenidas por la pandemia”. Después de esta declaración los ánimos se serenaron.

En cuanto a nuestro estado el gobernador Juan Manuel Carreras y el presidente de la república ya  trabajan coordinadamente y sin conflicto. Carreras y AMLO  se entiende bien. Los dos asumen que la emergencia sanitaria necesita unidad de propósitos y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Por lo demás, los potosinos necesitamos del apoyo económico del presidente de la república. El Plan de Emergencia que está llevando a cabo  el gobernador Carreras necesita mucho dinero que las arcas estatales no tienen.

AMLO ya anuncio que dispone de un fondo de 60 mil millones de pesos para atender la emergencia  y que en los próximos días será distribuido a los estados para que refuercen el combate contra el Covid-19 y para que se reactive la economía local.

Conclusión: La política ocupa diálogo y construcción de consensos en estos tiempos difíciles. Creo que el presidente y el gobernador así lo entienden.

Caras y Caretas.

Las acusaciones de corrupción que están salpicando a la titular de la secretaria de salud del gobierno del estado, doctora Mónica Rangel, deben ser investigadas por la Contraloría estatal y por la Auditoría Superior de la Federación para que sean confirmadas o rechazadas y para que no dañen la carrera política de la doctora.

Por lo pronto en el mercado de valores de la política potosina el capital político de Mónica Rangel está a la baja. Las sospechas contra ella derrumban por el momento sus aspiraciones para competir por un cargo político en 2021. Es una lástima ya que ella y su equipo sentían que ya tenían en la bolsa la candidatura a la gubernatura.

No se descarta que las denuncias de presunta corrupción en complicidad con “El Rey del Emprendimiento”, Gabriel Alan Salazar Soto, sean parte de un complot que buscaría inhabilitar a la doctora Rangel para ocupar cualquier cargo público.

“calumnia que algo queda”; ¿Quién o quiénes saldrían ganando si se descarrilan las aspiraciones de Mónica Rangel de ser la primera mujer gobernadora del estado?

Es tiempo de sospechosismo.