En los días pasados hemos sido informados del combate del Gobierno de la República al robo de combustibles.

Conocimos la escandalosa cantidad de combustibles que los llamados huachicoleros extraían de los ductos de la paraestatal Petróleos mexicanos (PEMEX), lo que ha motivado el aplauso de la gran mayoría de los mexicanos y, que se calcula en el orden de sesenta mil millones de pesos, que equivalen poco más o menos al gasto social programable para el 2019.

Pero mayoría no es sinónimo de totalidad, pues aún quedan algunas voces que al ver cortada su fuente de cochupo, se han soltado hablando pestes de las medidas que el Gobierno de la República ha tomado en contra de este delito.

Esas mismas voces, que ahora pretenden rasgarse las vestiduras cuando en su tiempo callaron el saqueo de Pemex, al no informar sobre los verdaderos capos del “huachicol” y que esos medios mercantilistas alababan el combate de opereta al crimen organizado, orquestado y dirigido por Felipe Calderón y Enrique Peña.

Esta es la doble moral de estas voces corruptas y mercenarias que pretenden condenar a un gobierno que se está fajando los pantalones para poner fin al saqueo de las arcas nacionales.

Por fortuna siempre hay otras voces, que realizan una gran labor periodística, que no se quedaron con las declaraciones oficiales y el “chayote” y decidieron escarbar las interioridades del poder. Y gracias a su trabajo periodístico es que han quedado expuestos, en sus prácticas de corrupción, los personeros de anteriores gobiernos.

El robo de combustibles es algo sabido por toda la sociedad, pero sobre todo por los gobiernos en turno, así durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, este quebranto a la sociedad no solo era conocido, sino que su valor era descontado del presupuesto de la federación.

Me explico; si los ingresos calculados eran de $5.00 y calculaban el robo de combustible en $2.00, entonces solo se programaban gastar $3.00, es decir lo menos que fueron los gobiernos de los mencionados, es ser omisos o cómplices, pero algunos mal pensados los consideran “socios mayoritarios.”

En la realización del robo de combustible, se involucra a cárteles del narcotráfico con toda su sofisticada organización y recursos monetarios, bandas criminales de bajo impacto, no por esto menos peligrosas, ya que extraen los combustibles de forma artesanal con seguetas, marros y cinceles, lo que ha provocado derrames e incendios.

Gasolineros, personas que trabajan o trabajaron en Pemex, que utilizan o proveen información sobre operación, instalaciones, logística y actividades para permitir o cometer los delitos, hasta autoridades de seguridad pública, empresarios y comunidades son quienes están detrás del robo de combustibles.

Como es fácil de entender, el famoso “huachicol” es causado por la corrupción en el gobierno, pues como lo dice el Sr. Presidente López Obrador, este delito no sería explicable sin la participación de altos funcionarios del estado mexicano.

Siempre se han escuchado sin fin de argumentos sobre la corrupción en Pemex: el soborno y la corrupción son endémicas en la paraestatal y, cada vez hay más pruebas de que el costo económico de la corrupción es enorme y las ganancias jugosas, lo que vuelve muy difícil su combate.

La definición aceptada por La Real Academia de la Lengua Española de la corrupción gubernamental, “es la utilización de un cargo público en beneficio propio”.

Ello incluye el soborno y la extorsión, en los que necesariamente intervienen al menos dos partes, y otros actos delictivos que un funcionario público puede cometer por sí solo, como el fraude y la malversación de fondos.

La apropiación de fondos públicos para uso privado y la malversación de fondos en Pemex desde hace décadas es de dominio público y fueron ejecutados por altos funcionarios del gobierno federal en complicidad con ejecutivos de Pemex.

Y causaron un perjuicio tan claro y directo para el desarrollo económico del país, que es ocioso analizar en detalle su impacto.

La enorme corrupción del gobierno y Pemex, que generó ganancias exorbitantes a la llamada clase política y algunos miembros de la cúpula empresarial, explica por qué el robo de combustible en nuestro país no ha recibido atención que le corresponde dada la magnitud del quebranto financiero que le abrió a las finanzas públicas.

El análisis del soborno de funcionarios públicos por particulares y, sobre todo, su efecto en el desarrollo del sector privado es, en cambio, más complejo.

En ese análisis resulta útil examinar lo que una persona física o jurídica del sector privado puede "comprar" de un político o un funcionario (recuerde el caso Oderbrecht).

La corrupción es un fenómeno que tiene costos económicos, políticos y sociales, en el caso que nos ocupa el costo económico es de aproximadamente sesenta mil millones de pesos anuales, y solamente en el mes que lleva el combate al “huachicoleo”, ya se han ahorrado cinco mil millones de pesos, es decir lo que va a costar la finalización del tren interurbano México-Toluca, se han gastado unos cincuenta millones de pesos en la movilización del Ejército, la marina y Policía Federal.

Los costos sociales de este combate, son sin duda el tiempo perdido por los ciudadanos al hacer largas colas para abastecerse del combustible, las horas clase por la falta de transporte, la escases de patrullaje, las deficiencias en el traslado de enfermos y los retrasos en el transporte público.

Los costos políticos, son sin duda la popularidad del Presidente que caerá en la percepción popular, sobre todo en los estados donde hay desabasto, pero que se incrementara en el resto del país, donde al no tener problemas de abasto de combustible aplauden a rabiar el valor y voluntad política que no existió en Fox, Calderón y Peña y que está teniendo el presidente López Obrador para manifiestamente enfrentar el monumental problema del “huachicoleo”. Pero al fin de cuentas toda decisión política tiene costos, algunos no las toman por timoratos y otros por estar hasta el tronco metidos en la corrupción.

Pero recuerde, la mejor opinión es la de Ud.