- El desdén por la Constitución, las leyes y el principio de legalidad es parte de la personalidad de AMLO y la mentalidad política de sus seguidores.

- La Oposición debió optar por el mismo camino para evitar rezagarse.

Por Rogelio Ríos
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No me cabe la menor duda que los arranques anticipados de precampañas en el partido oficial, Morena, y en la alianza opositora, Frente Amplio por México, están fuera de lo que indica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 226), por lo que percibo una fuerte tensión entre la legalidad dudosa de esos procesos anticipados y los imperativos del realismo político que los animan.

La tensión entre legalidad y realismo es tan fuerte que amenaza perturbar severamente las elecciones generales del 2024, en las cuales se renovará al Presidente de la República. Quizá en un grado similar al de 1994, la imagen de un choque de trenes captura bien lo que podría ocurrir en junio próximo.

Yo entiendo que el afán del presidente López Obrador por asegurar el control de la sucesión presidencial lo haya empujado a adelantar notoriamente la selección del candidato de Morena, la cual al final le corresponderá a él y solamente a él, pero que necesita revestir, por lo menos, de un barniz de democracia partidista.

Después de todo, el desdén por la Constitución, las leyes y el principio de legalidad es parte de la personalidad de AMLO y la mentalidad política de sus seguidores. Si la estrategia lo dicta, ¿qué importa lo que diga la ley?

Por el lado del Frente Amplio por México, el adelanto de la selección de candidato presidencial a través de un proceso simulador semejante en su intención al de Morena obedece, claramente, a una mentalidad pragmática: si obedecemos la ley y nos esperamos hasta noviembre para cumplir los tiempos legales, se dicen entre ellos, los morenistas tomarán ventaja y quizá una delantera definitiva. La estrategia demanda a los frontistas acción política inmediata; la estrategia manda sobre la ley.

Puestas todas las fuerzas políticas nacionales en ese terreno, es decir, en la ilegalidad, no dejo de protestar por ello como ciudadano, pero al menos espero lo siguiente: que el costo de violar las leyes electorales sea muy muy bajo comparado con el beneficio de las acciones ilegales.

En otras palabras: si lo que resulta de los procesos adelantados de selección de candidatos presidenciales para el 2024 es un ejercicio de mejoramiento y avance democrático interno del partido oficialista y del Frente Amplio y da lugar a una elección general segura y estable que garantice la transición pacífica del poder, entonces (y sólo entonces), se vería desde la sociedad con buenos ojos -y cierto relajamiento- el resultado.

No hay indicios, sin embargo, de que la “democratización” interna de los partidos políticos y su selección de candidatos vaya a ocurrir ahora o en el futuro próximo. No hay señales de que el presidente López Obrador se rehúse a nombrar él mismo (como todos los presidentes anteriores lo han hecho desde la Revolución Mexicana) a su sucesor; el “dedazo” no ha muerto.

En fin, el año electoral presidencial del 2024 podría ser tan peligroso y desequilibrado que lo vivido con angustia en 1994 (año del asesinato de Colosio) lo recordaríamos como un juego de niños.

No sé, lo confieso, cómo se va a resolver la tensión entre la legalidad y el realismo (de alguna manera más suave hay que llamar al cinismo) que desde este 2023 amenaza con liquidar de antemano al año 2024. Lo que mal empieza, mal acaba.

No obstante, dejo abierta la posibilidad de que todo funcione bien al final y que los partidos políticos, junto con la sociedad civil, obtengan buenos resultados después de apostar temerariamente a los procesos anticipados e ilegales de precampañas, como si el país fuera nada más de ellos y no de nosotros: les gusta apostar, pero con dinero ajeno.

San Judas Tadeo era el santo de la devoción de mi querida abuela materna Mamá Chayito, ella me contaba que nunca le fallaba en sus ruegos. Por si acaso, le pido a San Juditas: ¡no nos desampares!.