Ha despertado mucho interés lo que puede ocurrir durante la comparecencia del gobernador ante los diputados. Muchos esperan que haya gritos y sombrerazos. Que los reclamos por la escandalosa inseguridad que nos azota sean apasionados, estridentes y muy críticos.

Los que piensan que el gobernador no ha tenido la valentía ni la efectividad para frenar a la delincuencia esperan que los legisladores le den una paliza y lo dejen como lazo de cochino.
Los diputados de oposición, que son mayoría, no dejarán escapar esta oportunidad de oro para lucirse ante cámaras y micrófonos. Los más ladinos saben que hay una gran irritación social por los feminicidios, asesinatos, robo de vehículos y a casa-habitación, abuso sexual, secuestros, narcomenudeo, extorsiones y desapariciones forzadas.
Son cientos las víctimas. Será fácil para cualquier diputado mostrar el tamaño del fracaso si tan solo enumera en voz alta las estadísticas oficiales de estos delitos. Todos ellos violatorios de derechos humanos y ante los cuales la Fiscalía General del estado ha sido incapaz de procurar justicia suministrando con ello un manto de impunidad a los delincuentes.
San Luis Potosí es un cementerio y la sangre derramada exige que se castigue a los responsables. Así que los diputados tienen tela de donde cortar. Pueden meter en aprietos al gobernador.

Sin embargo, desde otra óptica, el encuentro entre legisladores y el gobernador no debería ser un espectáculo de confrontación. Se supone que una comparecencia es un diálogo sensato entre dos poderes distintos y autónomos. Por ello es deseable que ocurra un debate de altura y que durante el duelo de esgrima verbal que se dará el próximo martes 6 de noviembre haya un mutuo respeto.

Esto no quiere decir que durante el encuentro esté prohibido para los diputados ejercer la crítica mordaz contra el gobernador y los funcionarios responsables de la seguridad.

Los diputados son representantes del pueblo y sus reclamos deben reflejar el tamaño del agravio que sufren los ciudadanos por la incapacidad del gobierno. Pero lo deben hacer con nivel, sin bajezas. No deben olvidar que han hecho un compromiso público para reivindicar la dignidad y prestigio del poder legislativo luego de los enormes daños causados por algunos ex diputados de triste memoria que convirtieron al Congreso del estado en una sucursal del Circo Atayde.

La comparecencia es necesaria.
Cuando la asamblea de diputados en ejercicio de sus facultades acuerda que el gobernador debe comparecer, no necesariamente se convierte en una orden indiscutible. Ejecutivo y Legislativo son poderes distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es una de las características fundamentales de nuestra arquitectura constitucional que da vida a un sistema de frenos y contrapesos.

El llamado a comparecer es una cordial invitación que el gobernador puede aceptar o rechazar. Incluso puede delegar el citatorio en un subalterno, en este caso al Secretario de Seguridad Pública, el Comisario Jaime Ernesto Pineda Arteaga o al Secretario de gobierno que tiene fama de ser un hombre de Estado, muy culto y gran tribuno.

Si el gobernador hubiera rechazado el citatorio iba a dejar la impresión de que le estaba sacando la lengua al Congreso o que les tuvo miedo a los diputados. Por ello y para no quedar como timorato aceptó acudir a la comparecencia.

La verdad es que no pasa nada si el gobernador se presenta ante los diputados y los escucha con atención y respeto aguantando los reclamos y dando su versión del fracaso de la política de seguridad pública. Puede incluso culpar a Jaime Pineda del desastre y ofrecer su cabeza como ofrenda. Con ello saciaría la sed de linchamiento y las pulsiones vengativas que anidan en el pecho de algunos legisladores.

Carreras es un hombre preparado, con amplia experiencia en el servicio público y en prácticas parlamentarias, no hay que olvidar que fue diputado federal y que es doctor en derecho. Además, las comparecencias han sido parte de la historia parlamentaria de nuestro estado. Acudieron en su momento al recinto legislativo a debatir los ex gobernadores Horacio Sánchez Unzueta, Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos. Y no por ello llegó el fin del el mundo o hubo ingobernabilidad o desaparición de poderes. Por el contrario, algunos de los ex gobernadores salieron en hombros y hasta se dieron el lujo de zarandear a los diputados más lenguaraces.

Por eso cuando nos enteramos que los legisladores priistas y un funcionario estatal descalificaron el llamado a comparecer etiquetándolo como ocurrencia o ejercicio ocioso, me parece que subestimaron las capacidades políticas y oratorias del gobernador. Flaco favor le hacen cuando intentan sobreprotegerlo como si fuera un niño de pecho.

Si nos atenemos a lo que expresó Juan Manuel Carreras cuándo los periodistas le preguntaron acerca de su disposición a comparecer y este contestó de inmediato que estaría “encantado” y urgió a que se fijara fecha y formato, quedó claro para todos que el gobernador está ansioso por ir al encuentro con los diputados. El mandatario asume al aceptar la comparecencia que en una democracia todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas a la sociedad.

Los tiempos en que a un gobernador no se le tocaba ni con el pétalo de una opinión hostil son parte de la prehistoria. Época en que los gobernantes eran sacralizados y a los ciudadanos se nos exigía inclinarnos ante su poder, sometiéndose dócilmente y hasta con satisfacción.

Hoy un gobernador es tratado como un servidor público más; terrenal y falible, que puede ser amonestado y llamado a cuentas. Eso es lo que harán los diputados el próximo martes.