- Al abuso de poder, corrupción extendida.

- Andrés Manuel López Obrador suma amenazas a la Republica.

Por Efraín Klériga
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A punto de cumplir cuatro años de gobierno la administración de Andrés Manuel López Obrador está ahogada en hechos de corrupción, genocidio por negligencia, ineptitud e intentos de convertirse en dictador.

No solamente es el gobierno con más asesinados y desparecidos, con más muertos por falta de cobertura de salud, el qué más instituciones ha destruido, el presidente que más delitos ha cometido, también es ya un narcogobierno.

Extrañas visitas a Badiraguato, exabruptos como llamar “gente buena y trabajadora” a una región gomera, pedir no aplicar a El Chapo su apodo, o las muestras claras que su partido más que infiltrado, está ligado.

A estas alturas, “la Casa Gris”, los vídeos de Pío y Martín, los contratos a Felipa, o el robo de 197 millones para damnificados que no entregó nunca pero sí usó en la campaña, ya son de poca relevancia.

Hay corrupción en todas las obras y en casi todas las dependencias del Ejecutivo Federal, abuso de poder para violentar la separación de poderes, transgresión a leyes e incluso a la Constitución, y más...

Un quebranto de más de ocho mil millones de pesos en Segalmex, institución con la que el macuspano reemplazó a la eficiente Diconsa, ya lo señala a él y a su amigo Ignacio Ovalle, como los maestros de la estafa.

La diputada panista María Elena Pérez-Jaen Zermeño, afirma que en la Cuenta Pública 2020, se detectaron irregularidades por un monto de 8 mil 636 millones de pesos en Segalmex-Diconsa y Liconsa.

Pero además hay desvíos y tráfico de influencia en contratos para parientes o amigos de funcionarios o del Presidente, en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería de Dos Bocas y en el Tren Maya.

Más preocupantes que los quebrantos, que la ausencia de crecimiento económico, que el colapso en la salud, son las desapariciones de mujeres y menores, los homicidios dolosos y la clara vinculación a la delincuencia organizada y hay más.

El regreso al Senado de Américo Villarreal, presunto ganador en la elección más sucia en la historia de Tamaulipas, una entidad con larga historia de elecciones sucias, ocurre luego de filtraciones con documentos que lo ligan a dinero de la delincuencia.

No fue noticia que José Narro, senador por Zacatecas, estuviera coludido con Villareal, porque Narro hace 12 años metió encajuelado a la Cámara de Diputados a Julio César Godoy Toscano ligado entonces con la Familia Michoacana.
Pero la cosa aún con la vinculación al narco, con los ásperos señalamientos que ya hay en Estados Unidos sobre narcogobierno y terrorismo, se torna tremenda cuando el presidente comienza a hablar de Golpe de Estado.

López lejos de buscar el dialogo y los consensos, busca formas de defraudar a la ley para imponer deseos sin justificación como desparecer a todas las policías civiles y fundar una policía militar con la Guardia Nacional.

Las razones para una policía militar no parecen justificarse con el fracaso de la estrategia en seguridad pública, pero sí con la militarización gradual de la administración civil: Puertos, aduanas, aeropuertos, y obras como las del Tren Maya.

La forma en cómo parapetó el Palacio Nacional con tres vallas que más parecen trincheras en un frente de guerra se entrelaza con sus varias menciones a presuntos golpistas, golpes de Estado y recientemente, involucró al Ejército.

Pero esto es terrible: “No, no, no, tenemos que defender nuestras instituciones. Y este Ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, a fifís...” dijo el pasado 26 de septiembre.

Y tras esta frase, las listas que publica de opositores a quienes califica de enemigos, la idea de que prepara una asonada con una Guardia Nacional militar es más que suspicacia.